Intervención bajo decreto supremo
La medida se ejecutó en las oficinas centrales de La Paz bajo el Decreto Supremo 5699, que establece una intervención extraordinaria y temporal de hasta 180 días. Los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, junto al viceministro de Transparencia, Yamil García, encabezaron la operación, que incluye la revisión de la estructura y del personal de la ANH.
Durante la conferencia de prensa, Blanco afirmó que el objetivo principal es garantizar el abastecimiento a la población. La norma habilita a adoptar medidas correctivas, realizar auditorías e identificar responsabilidades administrativas, técnicas y operativas.
Irregularidades en el trayecto del combustible
Las autoridades detectaron rupturas en los mecanismos de información entre los despachos de YPFB y los surtidores, lo que impedía conocer con precisión cuánto combustible salía de las plantas y cuánto llegaba a los consumidores. También denunciaron cargas a cisternas con capacidad inferior a los volúmenes registrados y posibles manipulaciones en los sistemas de geolocalización para alterar las rutas.
Según el Ejecutivo, estas falencias se concentran en el tramo que va desde las plantas de almacenamiento hasta las estaciones de servicio, donde la ANH tiene la función de fiscalizar.
Escasez de diésel y filas en estaciones
Bolivia mantiene dificultades para normalizar el suministro de combustibles, especialmente de diésel, lo que generó largas filas de camiones en las estaciones de servicio de distintas regiones. Con las intervenciones de YPFB y la ANH, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira busca reconstruir el control desde el ingreso del combustible al país hasta su venta final al consumidor.
La escasez afecta el transporte de cargas y el abastecimiento en varias provincias, mientras las autoridades intentan restablecer la confianza en el sistema de distribución.
