Sexta (Buenos Aires, 16 de septiembre de 2026).- La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development que suspendan la exploración de petróleo en las Islas Malvinas a través del proyecto León Marino. La medida cautelar fue aceptada tras una denuncia de ex combatientes de la guerra de 1982.
La orden de la jueza Borruto
La magistrada intimó a las compañías a que, en un plazo de 10 días, presenten una serie de informes sobre el estado del proyecto. En su resolución, Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que "se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto León Marino". La prohibición incluye específicamente la extracción o explotación comercial de hidrocarburos.
El motivo de la suspensión es que el gobierno nacional informó que las empresas no tramitaron la evaluación de impacto ambiental que el proyecto puede tener en la zona. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros indicó que ninguna de las dos compañías inició un procedimiento de evaluación ambiental. Por su parte, ARCA señaló que ni Rockhopper ni Navitas están registradas en su padrón.
El argumento ambiental y la competencia argentina
En su fallo, la jueza sostuvo que "la incertidumbre existente acerca de la totalidad de las consecuencias ambientales del proyecto no aparece aislada sino vinculada con una actividad hidrocarburífera de gran escala". Además, remarcó que la justicia argentina tiene facultades para intervenir: "La circunstancia de que las demandadas sean sociedades constituidas en el extranjero no enerva la plena vigencia del derecho argentino", afirmó Borruto, al señalar que el emprendimiento se proyecta sobre la plataforma continental argentina.
La causa la inició el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata- (CECIM) por el presunto daño ambiental que ambas petroleras estarían realizando en el mar Argentino. La jueza aceptó la semana pasada intervenir y pidió una serie de informes antes de resolver si suspendía la exploración. Finalmente, dispuso que la abstención se mantenga "hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental".
Los informes requeridos y la incógnita sobre el acatamiento
Las empresas deberán informar en 10 días el estado actual del proyecto, un cronograma de trabajos, la cantidad, ubicación y estado de los pozos proyectados, y la nómina de contratistas y subcontratistas principales. También tendrán que preservar íntegramente la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con León Marino. La jueza dejó para resolver en el futuro otro pedido de los ex combatientes: prohibir a las empresas firmar nuevos contratos.
La incógnita es si las compañías acatarán la medida. Cuando el presidente Javier Milei anunció sanciones en cadena nacional, las petroleras respondieron que iban a continuar con el proyecto porque tenían el aval y los permisos del gobierno de las Malvinas y del Reino Unido. Además, la jueza requirió informes a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y a la Cancillería sobre las empresas.
