Ampliación del período investigado
La decisión del magistrado se produjo tras el pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el apoyo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano, para ampliar el período de investigación que había sido acotado entre 2009 y 2023. Los fiscales calificaron esa limitación como “contradictoria e infundada”, al recordar que el juez había validado previamente un rango más amplio desde 2006. Rodríguez Ponte consideró que existen medidas pendientes para obtener información útil y profundizar las hipótesis, así como individualizar posibles vínculos de los involucrados con otros actores en maniobras complejas.
Las defensas de Insaurralde y Clérici habían rechazado la ampliación. Los abogados del exintendente también solicitaron anular el cotejo scopométrico de los videos difundidos, por considerar que no tenían autenticidad probada. El juez ahora deberá resolver esos planteos mientras avanza con las nuevas medidas de prueba.
Información patrimonial y bancaria requerida
Entre las medidas, el juez ordenó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) información sobre los antecedentes documentales y cambios de domicilio de Insaurralde, Cirio, Clérici y otros implicados. También solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) datos sobre nómina salarial, empleadores, beneficios previsionales y asignaciones familiares, y a la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre pólizas contratadas.
Además, pidió indagar si los investigados tuvieron studs o boxes para caballos en hipódromos, revisar legajos de cuatro vehículos y obtener información sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde y cuentas bancarias en Argentina y Uruguay. También solicitó reconstruir llamadas, mensajes, conexiones a internet y ubicaciones mediante antenas desde 2009, para detectar patrones de comunicación.
Levantamiento de restricciones y nuevos peritajes
Rodríguez Ponte levantó las restricciones que pesaban sobre Sofía Clérici, quien tenía prohibido salir del país y alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio. La modelo fue sobreseída, aunque esa medida está bajo revisión. En tanto, para Cirio pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) verificar si el escribano que certificó su firma en 2023 cumplió con las normas de prevención de lavado de dinero.
El juez puso énfasis en el pendrive entregado por la Fundación Apolo, con videos y archivos que muestran a la expareja de Insaurralde con fajos de dinero, presuntamente grabados en la mansión que compartieron en Fincas de San Vicente. Citó a declarar a un representante de la entidad y ordenó una pericia para determinar la autenticidad de los archivos, su fecha de creación y posibles modificaciones.
Reacciones y próximos pasos
Las defensas de los imputados aún no se manifestaron públicamente sobre las nuevas medidas. La causa, que había quedado acotada inicialmente, ahora se amplía a un período que comienza en 2006, lo que podría abarcar maniobras previas. El juez deberá esperar los resultados de los informes requeridos para decidir si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones.
El caso mantiene relevancia pública por tratarse de un exfuncionario de alto perfil y figuras del espectáculo. Las medidas apuntan a determinar el origen de los fondos y posibles operaciones de lavado, en un expediente que sigue sumando capítulos.
