Sexta (Buenos Aires, 17 de septiembre de 2026).- El Gobierno asignó $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades públicas en el Presupuesto 2027, un 33% menos de los $11 billones que reclaman los rectores. La diferencia profundiza el conflicto entre el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El reclamo de los rectores y la propuesta oficial
El CIN presentó este miércoles en el Congreso su propuesta presupuestaria para las 60 universidades públicas del país. El cálculo de $11 billones incluye salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, advirtió que "si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene".
En el oficialismo sostienen que el cálculo de los rectores es "injustificado" porque incluiría "la interpretación de los sindicatos de los aumentos y la vigencia total de la ley de Financiamiento cuando la cautelar sólo autorizó los ajustes en becas y salarios". Voceros gubernamentales aseguraron que "con el incremento salarial del 3% de octubre estamos 115% arriba de lo que plantea" el fallo judicial. Además, remarcaron que el proyecto "incluye la cautelar más la inflación proyectada en 18%" en el ítem de refuerzo de recursos humanos.
La disputa judicial por la ley de Financiamiento Universitario
La puja también se dirime en los tribunales. El juez Martín Cormick, del fuero Contencioso Administrativo, dictó en diciembre una cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre, el magistrado denegó el pedido del Gobierno de levantar la medida y ratificó su vigencia. La Corte Suprema, el 25 de junio, dejó firme la cautelar en favor de las universidades.
Los rectores denuncian que el cumplimiento se "dilata" porque los abogados del Estado presentan escritos que impiden el pago de los fondos. Bartolacci afirmó: "Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple". Las autoridades universitarias reclaman que se impongan multas a los funcionarios y se intime causa penal por desobediencia. La demanda de fondo del CIN contra el decreto que promulgó la ley pero suspendió su aplicación sigue a consideración del juez.
Las cifras del conflicto
El acuerdo paritario de junio otorgó un aumento del 213%, más otro 3% en octubre. Las universidades sostienen que solo es una parte y que para cumplir la ley aún adeudan 312% de recomposición. Bartolacci explicó que "nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del gobierno no. Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente debería haber presupuestado $9,8 billones. Llegamos a $11 billones con actualizaciones de otras áreas".
Desde el Ejecutivo contestaron que el diferendo es salarial, un rubro que "se lleva casi el 90% del presupuesto", y que garantizan un 20% de aumento en funcionamiento. También aclararon que el rubro hospitales "lleva un tope para lo destinado a la UBA que habitualmente se lleva la mayor parte de lo presupuestado", aunque pidieron al resto de los hospitales universitarios de provincias "que rindan los gastos para poder clarificar al sistema". Las estimaciones del CIN serán presentadas también a los gobernadores de los distritos donde se asientan las casas de altos estudios.
