Denuncia por reforma laboral regresiva
El FreSU calificó la reforma laboral como “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”, ya que “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga”, “ataca a las organizaciones sindicales” y “busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación”.
La audiencia fue solicitada por el FreSU junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). También participaron representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
Persecución política y disciplinamiento
El FreSU denunció persecución política y disciplinamiento, citando como ejemplo la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la persecución contra el secretario general de pilotos (APLA), Pablo Biró. Biró afirmó: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos”. Añadió que utilizaron la aplicación Mi Argentina y las carteleras de las estaciones terminales, y que tuvo que presentar un habeas corpus preventivo.
Además, Biró denunció denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico y acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte. La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, señaló que la desregulación de precios fundamentales impactó en los salarios, especialmente en las mujeres, y que la reforma laboral “ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas”.
Cuestionamientos de la CIDH y pedidos
Tras las exposiciones, los comisionados de la CIDH emitieron cuestionamientos y solicitaron explicaciones al Gobierno argentino por las irregularidades en la implementación de la reforma laboral. El abogado Cremonte marcó que “la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo como la justicia social”. El secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, denunció la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como parte de la reforma laboral.
La abogada Amartino solicitó que la CIDH emita una comunicación al Estado argentino sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos y que declare que la derogación del Estatuto del Periodista es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. También pidió que la Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) realice una visita a Argentina para evaluar el impacto.
