La medida judicial y los fundamentos
Los jueces Juan Pablo Salas y Alberto Lugones avalaron la decisión del juez Adrián González Charvay, quien había dispuesto el cese de la consigna policial en el inmueble de 105.000 metros cuadrados. La propiedad está a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de Toviggino. La Fiscalía intentó impugnar el fallo, pero la Cámara Federal bonaerense rechazó ese planteo y dejó firme la medida.
Además, los camaristas confirmaron la realización de una tasación tanto de la mansión como de los autos de lujo y otros bienes encontrados, con el objetivo de establecer su valor de mercado. La defensa de Pantano y Conte se opuso a que la medida sea realizada exclusivamente por la Justicia y solicitó la intervención de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). El juez rechazó ese pedido e invitó a las partes a proponer sus propios peritos.
El rechazo al pedido de ARBA
La Cámara Federal no hizo lugar al reclamo de la defensa al considerar que “no se verifica en el caso la vulneración de garantías de raigambre constitucional ni la existencia de un gravamen actual que amerite hacer lugar a su pretensión”. De esta manera, la tasación quedará en manos de la Justicia, aunque las partes podrán designar peritos para controlar la labor.
La disputa por la competencia continúa en Comodoro Py
Mientras se resuelven estas medidas, en Comodoro Py sigue el debate sobre qué juzgado debe continuar la investigación. La Cámara Federal de Casación tiene pendiente una solicitud del fiscal Mario Villar para revocar el fallo que trasladó el caso a Campana y que sea la Corte Suprema la que defina la competencia. La causa por la mansión de Pilar mantiene así dos frentes abiertos: la ejecución de las medidas dispuestas y la definición sobre el tribunal que seguirá interviniendo.
