Sexta (Buenos Aires, 15 de septiembre de 2026).- El fiscal federal Carlos Stornelli imputó a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por la búsqueda de petróleo en aguas de las Islas Malvinas. La investigación indaga delitos que contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
La denuncia del Gobierno y el avance judicial
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno Magrane y el procurador general del Tesoro Sebastián Amerio. El fiscal Stornelli presentó un requerimiento de instrucción ante el juez federal Julián Ercolini para que se investigue a los responsables del proyecto Sea Lion, que busca extraer hidrocarburos antes de fin de año.
El dictamen solicita al Gobierno nacional toda la documentación respaldatoria de la denuncia y pide identificar a los accionistas y a las personas o empresas que brinden logística o asistencia al proyecto. La investigación apunta a la posible comisión de los delitos previstos en la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que prohíbe actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental.
Los delitos investigados y los antecedentes de las empresas
Según fuentes judiciales, los delitos podrían incluir violación de la ley de hidrocarburos, daño al medio ambiente y lavado de activos, con penas que en total alcanzan los 20 años de prisión y sanciones económicas. La eventual responsabilidad penal se determinará durante la instrucción.
El fiscal Stornelli precisó que la investigación se centra en actividades de exploración y explotación en áreas próximas a las Malvinas por parte de Desire Petroleum Limited al menos desde 2012. La empresa fue declarada ilegal por la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía y luego inhabilitada por 20 años mediante la Resolución 457/2013 por operar sin autorización nacional y con licencias otorgadas por autoridades británicas.
Pedidos de información al Reino Unido y a las empresas
Como medida de investigación, Stornelli solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que remita la documentación mencionada en la denuncia del 14 de septiembre. Además, pidió librar un exhorto al Reino Unido para obtener información societaria completa de Desire Petroleum y del grupo Rockhopper, incluyendo la integración de sus directorios desde 2012.
El requerimiento también alcanza a información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas que actuaron en nombre de las empresas involucradas. La investigación busca reconstruir la estructura societaria, financiera y logística que permitiría llevar adelante las operaciones en las aguas próximas a las Malvinas.
El contexto político y la ley “Pino Solanas”
La ofensiva judicial del gobierno de Javier Milei contra las empresas petroleras se conoció luego de la cadena nacional del jueves pasado y de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 868/2026, que introduce modificaciones en la aplicación de la Ley 26.659. La norma fue aprobada en 2011 a instancias del entonces legislador Fernando “Pino” Solanas y regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Con el dictamen de Stornelli, la investigación judicial apunta a determinar no solo quiénes participan formalmente del proyecto petrolero, sino también a reconstruir la estructura societaria y financiera que permitiría llevar adelante esas operaciones y establecer si existieron maniobras para eludir las normas argentinas.
