Sexta (Buenos Aires, 28 de julio de 2026).- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 6952 para adecuar la terminología de todas las normativas vigentes en la jurisdicción a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nacional N° 26.378). La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial porteño, busca eliminar términos discriminatorios y promover un lenguaje inclusivo en el marco legal local.
¿Qué establece la nueva ley?
La Ley N° 6952 obliga a revisar y modificar el lenguaje utilizado en todas las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es alinear el vocabulario legal con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo referido a la inclusión de personas con discapacidad. Según el texto oficial, se priorizarán términos que eviten estigmatizaciones y promuevan la igualdad de oportunidades.
¿A quiénes afecta la medida?
La normativa impacta directamente en la redacción de todas las leyes y actos administrativos de la Ciudad, incluyendo normativas municipales, provinciales y nacionales con aplicación en el ámbito porteño. También afecta a los organismos públicos, empresas con participación estatal y cualquier entidad que deba ajustar sus documentos legales a los nuevos lineamientos. La medida no modifica derechos, sino que actualiza su expresión para garantizar claridad y accesibilidad.
Plazos y aplicación de la ley
La Ley N° 6952 entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial porteño, el 28 de julio de 2026. Las autoridades locales deberán implementar los cambios en un plazo de 180 días, durante los cuales se realizará un relevamiento de todas las normativas vigentes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Ciudad será el encargado de coordinar las modificaciones y capacitar a los equipos técnicos involucrados.
Contexto y antecedentes
La iniciativa responde a un reclamo histórico de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, que señalaban la falta de coherencia entre el marco legal argentino y los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2023, la Ley Nacional N° 26.378 —que ratifica el tratado internacional— ya había impulsado reformas similares en otras jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires se suma así a un proceso federal de actualización normativa para garantizar derechos con un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.
