Cifras del endeudamiento juvenil
El relevamiento, realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, precisó que el 58% de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en barrios populares tiene al menos un crédito vigente. De ese grupo, el 61% recurrió a préstamos de familiares o prestamistas informales, mientras que solo el 22% accedió a bancos o fintech.
Las cifras reflejan una tendencia creciente en comparación con años anteriores. Según el informe, en 2023 el porcentaje de endeudados en este segmento era del 47%, lo que marca un aumento de 11 puntos porcentuales en solo tres años. El documento también destaca que la mitad de los créditos informales tiene intereses que superan el 20% mensual.
Contexto de desempleo y precariedad
El aumento de la morosidad coincide con un mercado laboral adverso. La tasa de desempleo juvenil se ubicó en el 18,4% en el primer trimestre del año, cerca de los máximos de los últimos cinco años, según datos del INDEC. Además, el 72% de los jóvenes ocupados en barrios populares trabaja en la informalidad, sin aportes ni protección social.
Esta situación empuja a muchos a buscar financiamiento externo para cubrir necesidades básicas. El informe señala que el 45% de los jóvenes endeudados utilizó el dinero para gastos de alimentación y servicios, mientras que el 30% lo destinó a la compra de electrodomésticos o reparaciones del hogar.
Estrategias de las familias y reclamos
Las familias despliegan diversas estrategias para afrontar las deudas, como el refinanciamiento con prestamistas o la venta de bienes. En algunos casos, los jóvenes recurren a plataformas digitales de préstamos, que ofrecen créditos rápidos pero con tasas elevadas. El informe advierte sobre el riesgo de sobreendeudamiento y la falta de educación financiera.
Organizaciones sociales reclamaron al Estado políticas públicas que regulen estos préstamos y promuevan el acceso al crédito formal. "Es urgente generar instrumentos financieros accesibles y proteger a los sectores más vulnerables", sostuvo María Fernanda Álvarez, coordinadora del Observatorio. El estudio recomienda ampliar los programas de inclusión financiera y fortalecer la supervisión de las entidades no bancarias.
