El conflicto por el decreto desregulador
El Decreto 690/2026, publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, eliminó la actividad de los prácticos, quienes son los encargados de ingresar y sacar los barcos de los puertos. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, modifica el régimen vigente desde 1991, que establecía un sistema cerrado de inscripción, tarifas máximas y obligatoriedad del servicio.
Según fuentes cercanas a Sturzenegger, los prácticos representan un 8% del costo total y pueden ser reemplazados. Sin embargo, el sector privado advierte que la falta de prácticos paraliza las operaciones. "Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse", resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación.
Reclamos de la agroindustria y el sector energético
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48% de las exportaciones agroindustriales, manifestaron "mucha preocupación" por la situación. "Puede tener un impacto directo en el ingreso y circulación de los barcos. Es un tema que excede a las empresas y entendemos que está vinculado con el nuevo decreto", señalaron.
El conflicto también afecta al sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias están interrumpidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, donde se distribuyen combustibles. También se ven afectadas terminales estratégicas como Caleta Córdova en Chubut, clave para el traslado de petróleo hacia las refinerías.
Postura del Gobierno y respuesta de la Prefectura
El Gobierno sostiene que el decreto busca modernizar una regulación de más de tres décadas, eliminar restricciones a la competencia y reducir costos logísticos. Sturzenegger había afirmado: "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio". Según datos oficiales, el practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires cuesta US$ 16.903, muy por encima de puertos de Estados Unidos, Europa y México.
La Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar formalmente a los prácticos para que retomen el servicio, recordando que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación. Advirtió que la interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos. Aunque el decreto prevé que la Prefectura pueda habilitar temporalmente a capitanes con certificado de conocimiento de zona, fuentes del sector consideran que esa alternativa no resolvería la situación de inmediato, especialmente en maniobras de buques petroleros que requieren experiencia específica.
