Sexta (Buenos Aires, 15 de abril de 2026).- El Gobierno nacional avanzó en un cambio significativo de su política vial y prepara un esquema que permitirá que las provincias intervengan, mantengan y eventualmente administren tramos de rutas nacionales. La decisión responde a meses de reclamos de los gobernadores por la paralización de obras.
El encuentro en la Casa Rosada
La iniciativa fue analizada en la Casa Rosada durante una reunión con mandatarios provinciales y forma parte de la estrategia oficial para descentralizar funciones que históricamente estuvieron concentradas en la Dirección Nacional de Vialidad. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un encuentro en el que el Ejecutivo anticipó que avanzará con la herramienta normativa necesaria para facilitar los acuerdos con las provincias.
El mecanismo de transferencia
El mecanismo permitiría transferir determinadas funciones operativas sin modificar necesariamente la titularidad nacional de las rutas. Las jurisdicciones podrían asumir tareas de conservación, mantenimiento y ejecución de proyectos mediante convenios específicos. La Casa Rosada considera que las provincias interesadas pueden asumir la administración de determinados corredores y buscar esquemas propios de financiamiento, mientras que también se evalúan alternativas vinculadas con concesiones y sistemas de peajes.
Reclamos y expectativas provinciales
La decisión responde a una demanda creciente de los gobernadores, que vienen advirtiendo sobre el deterioro de corredores fundamentales para el transporte de pasajeros y mercaderías después de la fuerte reducción de la obra pública nacional. Entre los gobernadores que comenzaron a analizar posibilidades de intervención se encuentran mandatarios de provincias productivas atravesadas por rutas nacionales estratégicas para el agro, la minería, la energía y el turismo.
Impacto en la negociación política
El cambio supone una modificación relevante respecto del modelo tradicional de infraestructura vial. El Ejecutivo de Javier Milei sostiene que el Estado nacional debe reducir su participación directa en la ejecución de obras y priorizar mecanismos privados o descentralizados. Para las provincias, la alternativa ofrece una posibilidad de recuperar obras paralizadas, aunque abre simultáneamente una discusión sobre quién financiará las intervenciones. Los gobernadores advierten que asumir las rutas sin recursos nacionales suficientes podría trasladarles un nuevo costo presupuestario. El futuro esquema vial se convierte así en otra pieza de la negociación política entre Milei y las provincias: la Nación busca reducir responsabilidades de gasto y los gobernadores intentan obtener mayor capacidad de decisión sobre infraestructura que consideran indispensable para sus economías regionales.
