Sexta (Buenos Aires, 25 de junio de 2026).- La Cámara de Diputados de la Nación evalúa un proyecto que propone modificaciones a la ley 25326 de protección de datos personales, con foco en la cesión de información en la órbita estatal y la evaluación del impacto de su tratamiento. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Fernando Bruggé, busca actualizar el marco normativo para garantizar mayor transparencia y control sobre el uso de datos personales por parte del Estado nacional, provincial y municipal.
Un proyecto con alcance federal y enfoque en la privacidad
El expediente 2580-D-2026, presentado el 2 de junio de 2026, busca introducir cambios en la ley 25326 para regular específicamente la cesión de datos personales dentro de la administración pública. Según el texto, se exige que cualquier transferencia de información entre organismos estatales cumpla con requisitos de proporcionalidad y finalidad, evitando usos indebidos o excesivos. Además, se establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto previas a la implementación de sistemas de tratamiento de datos sensibles.
Evaluaciones de impacto como herramienta de control
Una de las innovaciones más destacadas del proyecto es la incorporación de la figura de la evaluación de impacto en protección de datos (EIPD) para proyectos estatales que involucren el tratamiento de información personal. Esta medida apunta a prevenir riesgos como la discriminación, la pérdida de privacidad o el uso con fines distintos a los declarados. La evaluación deberá ser realizada por la autoridad de aplicación y publicada en un registro accesible al público.
Reacciones y debates en torno a la iniciativa
Desde sectores académicos y de la sociedad civil se destacó la importancia de actualizar la ley 25326, vigente desde 2000, para adaptarla a los desafíos de la era digital. Sin embargo, algunos especialistas advirtieron sobre la necesidad de garantizar recursos adecuados para que la autoridad de aplicación pueda cumplir con las nuevas funciones. Por su parte, el Poder Ejecutivo aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el proyecto, que se encuentra en etapa de comisión en la Cámara baja.
¿Qué cambia para los ciudadanos?
Si el proyecto se convierte en ley, los ciudadanos podrán exigir mayor transparencia en el uso de sus datos por parte del Estado, especialmente en casos de cesión entre organismos. Además, se fortalecen los mecanismos de reclamo y sanción en caso de incumplimiento. La iniciativa también prevé la creación de un registro público de bases de datos estatales, lo que permitirá a los afectados conocer qué información se recopila y con qué fines. El texto deberá ser debatido en el recinto antes de su posible sanción definitiva.
