Acusaciones del FSB y antecedentes judiciales
El FSB sostiene que Telegram permite difundir contenidos relacionados con asesinatos masivos y estafas informáticas, y acusa a Durov de colaborar con actividades terroristas al no eliminar canales y robots utilizados para coordinar ataques. Sin embargo, Moscú no presentó pruebas públicas de la implicación personal del empresario. En paralelo, Durov está siendo investigado en Francia, donde fue detenido en 2024 por la falta de moderación de contenidos ilegales.
Conexión con el caso DaiVinchik y detenciones juveniles
El Comité de Investigación ruso vinculó a Durov con el caso de DaiVinchik, un robot de citas conocido como Leo que, según las autoridades, fue usado por servicios secretos ucranianos para reclutar a menores rusos para incendiar instalaciones o atacar infraestructuras. Desde julio de 2025, fueron detenidos 46 jóvenes por estos hechos, que podrían enfrentar hasta cadena perpetua. El anuncio ruso no implica necesariamente que la Interpol haya emitido una notificación roja.
Defensa de Durov y presión del Kremlin sobre Telegram
En febrero, Durov respondió a la apertura del proceso afirmando que las autoridades rusas buscan restringir el acceso a Telegram y suprimir la libertad de expresión. La ofensiva coincide con la creciente presión del Kremlin, que promueve MAX, una aplicación de mensajería estatal. Telegram sigue siendo una herramienta clave para la propaganda oficial y las fuerzas rusas en Ucrania, pese a que Rusia ralentizó su servicio.
Investigación en Francia y situación judicial actual
En Francia, la justicia acusa a Durov de no controlar la plataforma, facilitando delitos como tráfico de drogas, fraude y difusión de material de abuso sexual infantil. Detenido en agosto de 2024 en el aeropuerto de Le Bourget, pagó una fianza de 5 millones de euros y quedó bajo control judicial. En noviembre de 2025 se levantó la prohibición de viajar y volvió a residir en Dubái, pero fue interrogado nuevamente en París en julio. Durov rechaza las acusaciones y sostiene que no se puede responsabilizar al director por delitos de usuarios.
