Sexta (Buenos Aires, 11 de septiembre de 2026).- El Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de 170.000 salvadoreños en Estados Unidos expiró oficialmente el 9 de septiembre, tras la decisión del presidente Donald Trump de no renovarlo. Sin embargo, a diferencia de otros beneficiarios, sobre esta comunidad pesa un silencio inusual y la vaga promesa de una extensión.
Una salida sin anuncios ni garantías
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió ese mismo día a las consultas con una declaración escueta: "Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en Estados Unidos bajo el TPS mantienen protección". La frase, difundida por France 24, no representa una prórroga oficial ni una decisión definitiva sobre el destino del programa.
Ben Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advirtió el 9 de septiembre en redes sociales que el Gobierno de Trump deja a los titulares del TPS, sus familias y sus empleadores en un limbo. "Seamos claros: esto no es una prórroga oficial ni una decisión del DHS sobre el destino del TPS para El Salvador", dijo, según la misma fuente.
Un historial de renovaciones automáticas
El TPS para los salvadoreños fue otorgado por George W. Bush en 2001, luego de dos terremotos violentos ocurridos con un mes de diferencia que causaron devastación en el país centroamericano. Desde entonces, la protección se renovó automáticamente cada vez que llegó la fecha de vencimiento, como ocurrió con alivios similares para otras nacionalidades, hasta que Trump llegó a la Casa Blanca.
En 2018 el mandatario intentó eliminar ese y otros TPS, pero decisiones de cortes federales se lo impidieron en ese momento. Joe Biden ordenó la renovación de todas las protecciones antes de culminar su mandato, pero bajo la gestión de Kristi Noem, por orden de Trump, fueron canceladas las de Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Afganistán y Siria, mientras se renovaban las de Ucrania, Sudán y Líbano.
El caso salvadoreño: silencio y alianza política
A diferencia de Haití y Venezuela, dos naciones atravesadas por crisis humanitarias, El Salvador parece vivir un periodo de recuperación impulsado por la agresiva política de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele. Activistas de derechos humanos advierten sobre abusos generalizados en medio del estado de excepción decretado para controlar a las pandillas, pero Bukele es un cercano aliado de Trump, que ha apoyado su política de deportación, accediendo incluso a recibir migrantes en la megacárcel de máxima seguridad del CECOT.
Mientras haitianos y venezolanos son enviados a naciones devastadas, los salvadoreños parecen estar a salvo, al menos por el momento. Los vuelos de deportación siguen llegando a Cap-Haïtien y Maiquetía, pero los migrantes del país centroamericano gozan de una extensión provisional que no les ofrece ninguna garantía. "Enfrentarse a esta incertidumbre es frustrante y doloroso", dijo a la agencia AP Doris Landaverde, una migrante salvadoreña con más de 25 años en Estados Unidos. "Hemos vivido aquí legalmente durante décadas, y eso es difícil de borrar. Me siento enfadada; hemos hecho todo lo que se nos dijo legalmente", agregó.
