Sexta (Buenos Aires, 23 de julio de 2026).- El peronismo en el Congreso buscará introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno, y se anticipa un fuerte debate en las comisiones de ambas cámaras durante agosto. Los proyectos presentados por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés apuntan a limitar el alcance del régimen para que no beneficie a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
Iniciativas del Senado y Diputados para excluir a funcionarios
El senador Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal, presentó dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas puedan adherirse a la Inocencia Fiscal o a cualquier otro blanqueo. "Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal", sostuvo Salino. El legislador vinculó estas propuestas con la situación del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias mientras enfrenta denuncias por presunta corrupción. El primer proyecto excluye a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias, y la restricción alcanza a cónyuges y familiares directos hasta dos años después de dejar el cargo. La segunda iniciativa impide que funcionarios y exfuncionarios de los últimos diez años ingresen a cualquier régimen de blanqueo, abarcando los principales cargos de los tres poderes y organismos de control.
Propuesta de Eduardo Valdés por la transparencia
En la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó una propuesta para reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial beneficien a altos funcionarios. "Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial", argumentó Valdés. Su iniciativa plantea excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes, personas políticamente expuestas y sus familiares directos, en consonancia con la Ley de Ética Pública y compromisos internacionales contra la corrupción.
