Sexta (Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026).- El Senado de la Nación inició este jueves una sesión especial centrada en el proyecto de Ley de Discapacidad. La propuesta busca otorgarle carácter permanente al esquema de prestaciones actualmente vigente, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Continuidad del esquema de beneficios
La norma, denominada oficialmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, replica el esquema de beneficios fijado en la Ley 27.793. Sin embargo, elimina su condición de emergencia y transitoriedad para convertirla en una regulación de orden público. De esta manera, el marco normativo mantendrá sus efectos con independencia de los cambios de gestión en el Poder Ejecutivo.
Compatibilidad laboral y aranceles
El texto permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y un empleo formal o inscripción en el monotributo. Este beneficio aplica a titulares del Certificado Único de Discapacidad mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, la iniciativa ratifica el nomenclador único y la actualización automática de aranceles según el índice de movilidad jubilatoria.
El proyecto también garantiza la cobertura médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad. En el aspecto presupuestario, la iniciativa determina que la asignación destinada al Ministerio de Salud no podrá resultar inferior, en términos reales, a la partida asignada durante el ejercicio fiscal anterior, asegurando así los recursos económicos indispensables para el sostenimiento del sistema.
Auditorías y tratamiento en el recinto
Para un control efectivo, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos entre la ANSES, la ARCA, el SINTyS y el RENAPER. A su vez, el cuerpo legislativo incluyó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de compensaciones adeudadas a prestadores, otorgando al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley aprobada.
La sesión conducida en la Cámara alta también incluye el debate de otros proyectos normativos, entre los que se destacan la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la Ley de Tierras y la Ley Joaquín, según precisó la agencia Noticias Argentinas sobre la jornada parlamentaria.



