Sexta (Buenos Aires, 16 de julio de 2026).- El Senado no pudo llevar a cabo el debate del proyecto de propiedad privada, postergando la discusión por cuarta vez debido a la falta de votos necesarios. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, propuso suspender su tratamiento hasta el 6 de agosto, abriendo un nuevo capítulo de divisiones entre libertarios y sus aliados en la cámara.
Dificultades del oficialismo para reunir los votos
El oficialismo enfrenta serias dificultades para lograr el apoyo necesario para aprobar el proyecto, que incluye cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego. La falta de consenso también se evidencia en la oposición de ciertos aliados, incluyendo figuras como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y otros legisladores provinciales que muestran resistencia a la reforma.
Rechazos internos y desacuerdos con el Gobierno
Además de los problemas con los votos, el oficialismo se encuentra dividido en torno a la versión del dictamen presentada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Este último no aceptó cambios clave en la legislación que permitirían a las provincias regular la compra de tierras por extranjeros, una cláusula que el Gobierno Nacional rechaza. Bullrich expresó su descontento tras enterarse de la negativa de Sturzenegger a las modificaciones comunicadas en una reunión previa.
La falta de quórum y las tensiones en el debate
El oficialismo solo logró reunir un quórum mínimo de 37 legisladores, con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales y miembros de otros bloques menores. En contraste, los aliados de Convicción Federal, Despierta Chubut y otras agrupaciones no asistieron, mostrando su desacuerdo con el enfoque del debate. La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo un intercambio tenso a través de mensajes con Bullrich sobre la conveniencia de sesionar tras el reciente evento deportivo internacional.
Puntos clave del proyecto sobre propiedad privada
El proyecto centraliza la eliminación de límites para que los extranjeros adquieran tierras, estableciendo que las provincias deben autorizar estas ventas. Se prevé que los Estados y empresas con participación estatal extranjera no podrán comprar tierras rurales sin el consentimiento provincial y nacional. El texto también mantiene restricciones en áreas de frontera, requeridas tanto por las autoridades provinciales como nacionales. Estas disposiciones continúan generando controversia y resistencia entre varios sectores políticos.
