Sexta (Buenos Aires, 16 de septiembre de 2026).- El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados debatió este miércoles el ajuste sobre la ley de emergencia que incluye el proyecto de Presupuesto 2027, con duras críticas de la oposición al Gobierno nacional.
Un debate con mandato a dictaminar
La reunión se realizó a modo informativo en cumplimiento del emplazamiento votado la semana pasada en el recinto a instancias de una iniciativa de la oposición. Los legisladores reanudarán la tarea el miércoles próximo al mediodía con el mandato de dictaminar las distintas propuestas. El debate arrancó con la exposición del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad, quien advirtió que el envío del presupuesto a la Cámara de Diputados generó un nuevo contexto para la discusión.
Denuncias por la derogación de artículos
Marino acusó al Poder Ejecutivo Nacional de querer destruir la ley de emergencia en discapacidad y desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad. Según el legislador, el presupuesto 2027 deroga explícitamente numerosos artículos de la ley de emergencia, entre ellos el estudio de costos. Puso como ejemplo que el arancel para transportistas está en 900 pesos por kilómetro, cuando el costo real del servicio es de 1600 pesos, un 80% más. También criticó la regresión en el sistema de pensiones no contributivas y la eliminación del nomenclador único nacional, lo que obligará a cada prestador a negociar aranceles de forma individual con prepagas y obras sociales.
El impacto en las prestaciones y las familias
El diputado opositor advirtió que con la derogación de artículos se busca eliminar la actualización automática mensual por inflación y reemplazarla por una trimestral a discreción de la SENADIS. A su juicio, esto generará una fragmentación y destrucción del sistema, con profesionales de la salud y terapeutas que no podrán seguir atendiendo a los pacientes. Remarcó las consecuencias directas sobre las familias al señalar que las personas con discapacidad se quedarán sin transporte, sin terapia, sin centro de día y sin centro educativo. Además, cuestionó que no se contemple el pago de compensaciones para los prestadores con quienes el Estado acumula atrasos.
La defensa oficialista y otras voces opositoras
La diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici contrarrestó las acusaciones y afirmó que no es cierto que la ejecución presupuestaria de la ley de discapacidad esté en un 15%. Sostuvo que la nueva reglamentación del COFEDIS es a favor de los derechos de las personas con discapacidad y destacó que más de 150 mil pensiones fueron tramitadas y pagadas desde la SENADIS. Giudici expresó la intención de su bloque de lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelva permanentes estos beneficios. Por su parte, los diputados Eduardo Valdés (Unión por la Patria), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Romina del Plá (Frente de Izquierda) coincidieron en rechazar el ajuste y pidieron eliminar los artículos del Presupuesto que afectan al sector.
