Sexta (Buenos Aires, 12 de septiembre de 2026).- Tres pedidos de juicio político contra la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, ingresaron en el Senado por supuesto mal desempeño en sus funciones. Las presentaciones llegaron cuatro días después de que la magistrada suspendiera por 60 días la aplicación de la ley penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años.
Las firmas que respaldan las presentaciones
Las iniciativas fueron ingresadas en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), del senador Guillermo Montenegro (PRO) y del abogado bonaerense Alfredo Drocchi. Los tres pedidos apuntan contra el accionar de la jueza en la causa Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo, donde se dictó la cautelar que suspendió la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La cautelar y la audiencia convocada para el 16 de septiembre
En la misma resolución en la que suspendió el Régimen Penal Juvenil, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10. En esa cita, funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen. La norma, sancionada en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y contemplaba un período de transición de 180 días.
El nuevo régimen penal juvenil y la transición de 180 días
El régimen penal juvenil fue aprobado por el Congreso con un plazo de 180 días para que las jurisdicciones adaptaran sus estructuras penitenciarias al alojamiento de población adolescente. Al finalizar ese período se conoció el fallo de la magistrada, y desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La suspensión de la norma generó un fuerte cruce entre los poderes del Estado y reavivó el debate sobre los alcances de las medidas cautelares contra leyes sancionadas por el Parlamento.
Denuncia penal y presentación como amicus curiae
El miércoles pasado, la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad. En paralelo solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa. Para la entidad, la determinación de la magistrada es absolutamente arbitraria y contraria a Derecho, y viola la división de poderes, debido a que suspendió una norma aprobada por el Congreso Nacional. Según la ONG, la decisión se basó en una hipótesis de futuro al conjeturar sobre un posible incremento de adolescentes detenidos y problemas de alojamiento.
