Pedidos de las defensas
Durante las últimas audiencias, los abogados de los nueve imputados solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 que absuelvan a sus representados. En el caso de Julio de Vido, su defensa pidió la prescripción y el sobreseimiento, argumentando que el último acto interruptivo ocurrió el 8 de julio de 2020, por lo que se cumplió el plazo legal para la extinción de la acción penal.
Otros defensores apelaron a que los delitos imputados no sucedieron, buscando desarticular la acusación del fiscal. Cada estrategia fue particular, pero todas coincidieron en rechazar los cargos que pesan sobre los acusados en el marco del desvío de más de $206 millones de fondos públicos destinados a viviendas sociales.
Acusación fiscal y penas solicitadas
El fiscal Diego Velasco, en tanto, pidió condenas para los nueve imputados al considerarlos parte de un "esquema criminal". Según su acusación, los fondos públicos fueron desviados a través del programa Sueños Compartidos impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Las penas solicitadas son: Julio de Vido, seis años; José López, seis años; Abel Fatala, seis años; Sergio y Pablo Schoklender, seis años cada uno; Carlos Castellano, cuatro años; Daniel Freidin, cuatro años; y Daniel y Karina Nasif, cuatro años cada uno.
La causa investiga el desvío de más de $206 millones que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales. El fiscal describió una organización delictiva que operaba desde el Ministerio de Planificación y la Fundación para beneficiar a los acusados.
Próximos pasos procesales
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el próximo martes 2 de septiembre se realizará una nueva audiencia para las réplicas. Luego se definirá cuándo los acusados podrán decir sus últimas palabras y se conocerá el veredicto final de los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico. El tribunal deberá resolver sobre las solicitudes de prescripción planteadas por las defensas antes de dictar sentencia.
La causa Sueños Compartidos se originó a partir de la investigación del desvío de fondos públicos destinados a programas de vivienda social. El caso cobró relevancia pública por la participación de funcionarios de alto rango y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuya figura central fue Sergio Schoklender, apoderado de la entidad y uno de los imputados.
