La "compleja maniobra delictiva" según Velasco
El requerimiento, leído ante el TOF N°5, está a cargo de la Fiscalía liderada por Diego Velasco, según publicó NA. El organismo apuntó que se investiga una "compleja maniobra delictiva" a través de la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner "montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado". El objetivo, según la acusación, era enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y a la propia familia.
Para la parte acusatoria, sostener esa maniobra por más de 12 años requirió "la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas". Entre ellas mencionó a los propios hijos de la pareja, funcionarios públicos y empresarios, que ocuparon roles tanto en las empresas Hotesur y Los Sauces como en los conglomerados societarios de los imputados.
Los roles de Máximo Kirchner y Romina Mercado en Los Sauces
La acusación señaló que Néstor y Cristina Kirchner y Máximo Kirchner formaron en 2006 la firma Los Sauces, que habría funcionado como "pantalla" para canalizar fondos a los empresarios imputados. Máximo Kirchner fue nombrado presidente de la sociedad ese año y ocupó el cargo hasta 2015, cuando fue reemplazado por Romina Mercado, sobrina de los exmandatarios. Para el fiscal, Mercado "participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos".
El fiscal apuntó además que Máximo Kirchner vendió propiedades a Austral Construcciones S.A., de Báez, "con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad", firmó contratos de alquiler de hoteles y retiró fondos de Hotesur. Según la acusación, tanto el diputado como Mercado aprobaban los movimientos de la inmobiliaria, y el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración.
El financiamiento: 65% del Grupo Indalo y 23% del Grupo Báez
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, la mayor parte de la facturación de la sociedad "correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—". A lo largo del período investigado, la sociedad facturó $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles. Esos fondos, según la acusación, provenían de la defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Báez o de dádivas vinculadas a contratos, concesiones y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal López y De Sousa.
La fiscalía vinculó lo investigado en estas causas con los delitos juzgados en la causa Vialidad, al sostener que "ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita". También mencionó el "crecimiento exponencial" del Grupo Indalo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, gracias a negocios que dependían del control o la autorización estatal y al otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos, y el alquiler de inmuebles en el edificio Madero Center "a valores mayores que los de mercado".
Los inmuebles y el departamento de San José 1111
Según la hipótesis del fiscal, la familia Kirchner incorporó terrenos, departamentos y hoteles a Los Sauces para luego alquilarlos a empresas vinculadas al Grupo Báez y al Grupo Indalo. No obstante, algunos inmuebles "no fueron destinados a alquiler", sino que se adquirieron para uso personal de algunos imputados, entre ellos departamentos del complejo Madero Center, dos terrenos en Río Gallegos, el hotel La Aldea en El Chaltén y una vivienda de Cristina Kirchner en Santa Cruz.
La acusación mencionó también el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple la prisión domiciliaria por su condena a 6 años en la causa Vialidad. El inmueble fue comprado en 2015 por USD 370.000 y se pagó con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES), no con dinero en efectivo. Tras varias horas de audiencia, el TOF N°5 dio por terminada la jornada, y la lectura de la acusación de Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre, antes de pasar a la causa Hotesur.
