El proyecto y su objetivo
El texto, que obtuvo despacho favorable el jueves en la comisión de Servicios Públicos presidida por el diputado de Unión por la Patria Ariel Archanco, modifica la Ley 12.989. Esta normativa, que rige sobre Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), actualmente exige solo mayoría simple para autorizar transferencias al sector privado.
La propuesta de Maite Alvado, con apoyo del radicalismo, establece que "la participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros". Este cambio busca dificultar futuras privatizaciones de compañías estatales.
Rechazo de la oposición
Las diputadas Paula Bustos (PRO), Oriana Colugnatti (LLA) y Rita Salaberry (LLA) calificaron el texto como un "obstáculo para avanzar en políticas de racionalización del sector público". En su dictamen de rechazo, argumentaron que no debe aprobarse "por razones de oportunidad, mérito y conveniencia", ya que su objetivo es que el Estado interfiera en cuestiones empresariales ajenas a la administración pública.
La oposición sostuvo que la propuesta perjudica la actividad del sector privado y no ayuda a disminuir la interferencia estatal. "En lugar de favorecer una administración más eficiente, concentrada en las funciones propias e indelegables del Estado, el proyecto introduce un obstáculo adicional para avanzar en políticas de racionalización del sector público, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo estatal", señalaron.
Implicancias legales y próximos pasos
De prosperar la iniciativa, cualquier modificación en el control de las empresas públicas bonaerenses requeriría una mayoría especial de dos tercios, en lugar de la mayoría simple vigente. La Ley 12.989, única normativa que refiere a privatizaciones en la provincia, establece que la transferencia de acciones de ABSA debe contar con autorización legislativa previa, pero sin especificar mayoría calificada.
El dictamen de rechazo de la oposición deberá ser tratado en el recinto de la Legislatura bonaerense. El proyecto original avanza con el respaldo de La Cámpora y el radicalismo, mientras que el bloque opositor busca frenar su aprobación definitiva. La discusión se centra en el equilibrio entre el control estatal y la participación privada en empresas públicas.
