Sexta (Buenos Aires, 29 de octubre de 2026).- La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se investigue al municipio de Pilar, que maneja Federico Achaval, por haber intentado quedarse con el predio donde funcionó el vacunatorio más grande de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia. La decisión revocó el archivo del caso que había dispuesto el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
La resolución de la Sala IV y el recurso de la firma propietaria
Según publicó el material judicial del caso, la medida la adoptó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El tribunal hizo lugar al recurso presentado por Mateo Corvo Dolcet, de la firma Pilar Bicentenario SA, propietaria del terreno ubicado sobre la Panamericana. El denunciante sostiene que existió una maniobra para quedarse con el inmueble.
Las acusaciones contra el municipio de Achaval
En su escrito, Corvo Dolcet acusó al municipio de "retener el inmueble después de revocada la custodia legal e invocar un derecho de posesión incompatible con su condición de custodio", además de realizar "obras sin autorización" e incumplir el pago de impuestos. También planteó la posible vinculación de esa ocupación con una maniobra expropiatoria a través de una ley que, según la querella, fue promovida con fundamentos falsos y cuya aplicación estaba suspendida. Ese aspecto se relaciona con otra causa que involucra a Jorge D'Onofrio por haber impulsado la ley de expropiación.
El estado del predio y las causas en curso
El mes pasado, el vacunatorio fue abandonado y vandalizado. Dentro del terreno se encontraron restos de medicamentos, insumos médicos, vacunas, material descartable, camillas y mobiliario, entre otros elementos. Además, la querella señaló que se alteró el inmueble, incluida su pintura con simbología partidaria, dentro del conjunto de incumplimientos denunciados. Los restos de lo que supo ser el vacunatorio más grande de la provincia de Buenos Aires, de varias hectáreas junto a la Panamericana, están siendo investigados por un fiscal provincial.
El archivo revocado y los argumentos de la querella
La causa se originó a partir de una presentación de Corvo Dolcet realizada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. En ese momento, Corvo Dolcet era investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y la Justicia cedió temporariamente el predio a la municipalidad con intervención de la AABE. Cuando fue sobreseído e intentó recuperar el terreno, se encontró con el estado de abandono que había dejado la Municipalidad de Pilar.
La decisión de Casación revocó el archivo dispuesto por González Charvay, que después fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El presidente de Pilar Bicentenario SA calificó el archivo como "arbitrario y prematuro porque fue dispuesto sin realizar medida alguna", luego de que la Sala IV anulara las decisiones que le negaron actuar como parte querellante. Corvo Dolcet también es querellante en otra causa que tramita ante la justicia federal de La Plata, donde se investiga la expropiación del predio a raíz de la sanción de la ley provincial N° 15.239, en diciembre de 2020.
