Sexta (Buenos Aires, 1 de octubre de 2026).- El gobierno de Londres convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza por el reciente pedido de la Argentina ante la ONU para frenar proyectos petrolíferos en las inmediaciones de las Malvinas, según informó la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
El comunicado británico y los cuestionamientos a la Argentina
Kumaran confirmó la convocatoria a través de un comunicado difundido en redes sociales y sostuvo que el reclamo legal argentino constituye un "intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes" del archipiélago. La funcionaria subrayó que "la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)" y que se lleva adelante en total concordancia con la ley internacional, incluida la UNCLOS, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
"No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales", agregó la subsecretaria, y remarcó que "ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido". Además, afirmó que las islas "son británicas, siempre defenderemos los derechos de los isleños a la autodeterminación", y añadió que "el Reino Unido continuará hombro con hombro junto a ellos para defender robustamente sus deseos, su economía y su derecho a definir su futuro".
El arbitraje internacional que impulsa el gobierno de Milei
El presidente Javier Milei decidió el lunes iniciar un arbitraje internacional contra la administración británica por la explotación petrolera en las islas, lo que generó una férrea oposición desde Londres, cuyos representantes sostienen que la Argentina trata de ejercer jurisdicción extraterritorial sin respetar el derecho internacional. El mandatario había anunciado que, en caso de que el gobierno británico no cumpla con el requerimiento dentro de las dos semanas otorgadas, solicitará a un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para resguardar sus derechos soberanos.
Milei destacó las medidas y subrayó que busca detener "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que la Argentina reclama como propio. Por su parte, la Cancillería argentina envió hasta el momento alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, inició unos 60 procedimientos administrativos y presentó en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras —de capitales británicos, israelíes y canadienses— y sus directivos, según publicó la agencia NA.
