Sexta (Buenos Aires, 4 de septiembre de 2026).- El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a 180 empresas que operan en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas que deberán elegir entre continuar con esas operaciones o afrontar sanciones en la Argentina.
Estrategia de sanciones en el marco de la ley 26.659
Durante su discurso en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Puerto Iguazú, Misiones, Quirno explicó que la medida busca actualizar la aplicación de la ley 26.659, que prohíbe operar en el país a las petroleras que trabajen en Malvinas. “Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, señaló.
El canciller destacó que la estrategia oficial apunta a generar un desincentivo real para las compañías: “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”. En ese sentido, insistió: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.
Alcance del decreto reglamentario y la declaración jurada para el RIGI
Quirno detalló que el decreto reglamentario, ya resuelto, apunta a acelerar las sanciones y ampliar su alcance a una red de firmas vinculadas. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, más sus proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguro, etcétera”, precisó. El universo alcanzado incluye a 180 compañías, que “ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá”.
El funcionario también mencionó la inclusión de una declaración jurada para quienes aspiren a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en la que deberán afirmar que no están en violación de la ley 26.659. Esta condición se extenderá a la norma que el Congreso modifique en los próximos meses.
Reforma legislativa y alternativas para las empresas
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley 26.659, con el objetivo de otorgar “mayor amplitud sancionatoria” y establecer mecanismos para que las compañías puedan dejar de operar en Malvinas sin quedar excluidas definitivamente. Quirno explicó que el esquema actual “cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, por lo que se busca ofrecer una alternativa para quienes abandonen esas actividades.
El canciller relacionó estas medidas con el desarrollo energético y la valorización de activos estratégicos. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses vis-à-vis el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando”, declaró.
Impacto en el mercado y respaldo político
Quirno señaló que las medidas ya tuvieron un impacto en la cotización de las petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion. En la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum perdieron 2,3% en Tel Aviv. “Ese es, si querés, el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica”, afirmó.
El canciller aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de varias cámaras empresariales y que el presidente Javier Milei convocó a la dirigencia política a acompañar el proyecto legislativo. “La causa Malvinas está en el corazón de todos los argentinos”, sostuvo. En cuanto a las conversaciones con Chile sobre asistencia logística en hidrocarburos y pesca, Quirno dijo que la posición chilena resultó “primariamente” coincidente con el planteo argentino.
