Sexta (Buenos Aires, 28 de septiembre de 2026).- La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública fue sancionada por el Congreso el 14 de septiembre de 2016 y entró en plena vigencia en 2017. A diez años de su aprobación, un análisis de CIPPEC publicado por Infobae repasó los avances y los desafíos pendientes para convertir el derecho en una práctica cotidiana.
Un derecho que habilita otros derechos
Según el artículo de CIPPEC difundido por Infobae, el acceso a la información permite conocer cómo se utilizan los recursos públicos, evaluar servicios, investigar decisiones del Estado, producir conocimiento y formular mejores políticas. La norma estableció obligaciones de transparencia activa, reglas para solicitar información, autoridades de aplicación y mecanismos de reclamo.
El rol de la sociedad civil en la sanción de la ley
La ley fue resultado de un proceso en el que confluyeron actores del Estado, la Justicia y la sociedad civil. CIPPEC impulsó pedidos de información, acercó propuestas al Poder Ejecutivo y al Congreso y, junto con la Asociación por los Derechos Civiles, promovió un reclamo judicial que derivó en 2014 en un fallo de la Corte Suprema, antecedente relevante para la posterior sanción.
Los datos de transparencia que midió CIPPEC
El Índice de Transparencia de Empresas de Propiedad Estatal (ITEPE), que CIPPEC desarrolla desde 2021, pasó de un promedio de 42,5 puntos sobre 100 en su primera edición a 59,3 en la última. Antes de la última publicación, CIPPEC compartió los resultados preliminares con cada empresa: 11 de las 29 analizadas implementaron mejoras a partir de ese intercambio.
Por su parte, el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), que CIPPEC sostiene desde hace más de una década, mostró mejoras en todas las jurisdicciones y una reducción de las diferencias entre provincias. En 2024, el promedio alcanzó 7,8 puntos sobre 10.
Una ley no se implementa sola
El análisis concluyó que hacer efectivo un derecho requiere organismos públicos capaces de sostenerlo, funcionarios que lo conviertan en práctica y capacidades estatales para producir y publicar información de calidad. También señaló que la sociedad civil puede producir evidencia, medir avances, detectar obstáculos y generar espacios de cooperación, aunque el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho.
