Sexta (Buenos Aires, 25 de septiembre de 2026).- Un ex jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste, en Río Negro, fue imputado por presunta malversación de caudales públicos por usar la tarjeta de combustible municipal en un viaje particular a Buenos Aires mientras estaba de licencia, según informó Infobae.
La acusación de la Fiscalía
El fiscal Gustavo Arbues, del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro, sostuvo que el exfuncionario habría utilizado la tarjeta YPF en Ruta asignada por su cargo para cargar combustible en un vehículo particular sin autorización del Municipio. Según la teoría del MPF, los consumos se realizaron mientras el acusado estaba de licencia, en un viaje efectuado entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025. La calificación provisoria del hecho es malversación de caudales públicos, en carácter de autor, con base en los artículos 45 y 260 del Código Penal.
Entre las constancias presentadas, la Fiscalía incorporó la denuncia penal que la Secretaría de Gobierno municipal realizó el 24 de febrero de 2026, una ampliación del 20 de agosto y una planilla de gastos del período del 20 al 29 de diciembre de 2025 por un monto de $359.707,01. También se sumaron los tickets entregados por el imputado, la solicitud de licencia y un informe del Registro de la Propiedad Automotor que acredita que el vehículo usado pertenece al acusado y a su cónyuge.
La defensa y la versión del imputado
La defensa pública, representada por Carlos Dvorzak y el defensor adjunto Adrián Zimmermann, se opuso a la formulación de cargos. El imputado explicó en la audiencia que viajó a Buenos Aires para trasladar dos aparatos de su área que debían ser calibrados y que el uso del automóvil particular era una modalidad habitual para cumplir sus funciones. Según su planteo, el viaje tuvo carácter personal aunque incluyó el traslado de los equipos municipales.
Dvorzak cuestionó además que no existe, según su postura, un documento que acredite el rechazo previo de un pedido de licencia. Respecto del perjuicio económico, la defensa indicó que al imputado se le descontó el importe de los consumos de sus recibos de sueldo, por lo que sostuvo que no se configuró un daño patrimonial para el Estado. El acusado reconoció haber empleado una aplicación para efectuar las cargas de combustible.
El trámite judicial y la cesantía administrativa
El juez de Garantías Fabio Corvalán consideró formalizada la imputación y concedió cuatro meses de investigación penal preparatoria. En ese período, la Fiscalía podrá profundizar la recolección de pruebas y la defensa tendrá la posibilidad de respaldar su versión de los hechos. La pesquisa deberá determinar, entre otros aspectos, si existió autorización para el uso de la tarjeta y cuál era el alcance de las funciones del entonces jefe de Tránsito.
En paralelo, la Junta de Calificación y Disciplina municipal dispuso la cesantía del exfuncionario tras el trámite administrativo interno. Esa decisión pertenece al ámbito administrativo y es distinta del proceso penal que ahora comenzó bajo control judicial, según precisó Infobae.
