Sexta (Buenos Aires, 2 de octubre de 2026).- El Gobierno recibió con incomodidad las definiciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la situación social y busca evitar una escalada de tensión con la Iglesia antes de la visita de León XIV.
El diagnóstico del arzobispo que incomodó en la Casa Rosada
García Cuerva aseguró que el Papa encontrará “una Argentina herida”, “dividida” y con “un porcentaje muy grande” de personas que atraviesan dificultades económicas. También habló de descalificación e intolerancia y sostuvo que el país arrastra una crisis desde hace años. Las declaraciones no cayeron bien en sectores del Ejecutivo, aunque no existe una interpretación unificada sobre sus consecuencias.
Una parte del Gobierno considera que ese diagnóstico puede anticipar nuevas tensiones durante la visita papal. En ese grupo existe especial preocupación por la actividad prevista en el Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución vinculada directamente con la atención de personas con discapacidad. “Lo del Cottolengo va a salir mal. Se podría haber hecho más desde la organización”, sostienen.
Las dos lecturas internas sobre el impacto de la visita papal
Otros integrantes de la administración libertaria buscan bajar esa lectura. “No creemos que vaya a haber problemas. El Papa no es un mal invitado. Puede generar ruido, pero no esperamos que dé un mensaje fuerte contra las políticas del Gobierno”, explican. En ese sector esperan que León XIV centre sus intervenciones en llamados a la unidad, el diálogo y la cohesión social.
El Pontífice estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de un encuentro institucional con Javier Milei en la Casa Rosada. El Gobierno creó una unidad específica para coordinar la visita y estableció feriados vinculados con las actividades previstas.
La discusión por Discapacidad que se cruza con la agenda papal
La agenda genera una sensibilidad adicional porque la actividad en Claypole se producirá mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre el nuevo régimen de Discapacidad. El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en Diputados, pero el texto todavía genera diferencias dentro del propio Gobierno sobre su costo, alcance y redacción final.
Esas diferencias motivaron esta semana una reunión específica posterior a la mesa política. Participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy. El encuentro buscó acercar las posiciones entre Economía y los sectores que negociaron el dictamen con los bloques aliados.
Las diferencias que persisten y la estrategia oficial
En el Gobierno aseguran que hubo avances, pero todavía no hablan de un acuerdo definitivo. Una de las posiciones internas sostiene que los cambios reclamados por las áreas técnicas “no son opcionales”, mientras desde el sector parlamentario insisten en preservar buena parte del entendimiento alcanzado con los aliados.
La discusión no pasa por desechar completamente el dictamen. Funcionarios involucrados en las conversaciones explican que el objetivo es encontrar un punto intermedio antes de la votación y evitar romper el acuerdo con los bloques dialoguistas. En ese sector descartan como estrategia principal resolver las diferencias mediante un veto parcial posterior. “La idea es que el tema salga lo más limpio, prolijo y con el menor conflicto posible”, explican cerca de la negociación.
El texto aprobado en comisión mantiene distintos puntos reclamados por los aliados, entre ellos las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria, reglas sobre compatibilidad con ingresos laborales y la universalidad del nomenclador. Economía, Salud y Legal y Técnica plantearon observaciones sobre distintos aspectos del esquema. Mientras un sector del Ejecutivo teme que el Cottolengo concentre las críticas sobre Discapacidad, otro cree que el Papa evitará una confrontación directa con Milei.
