Capacidades ampliadas y reformas institucionales
El informe detalla que la reorganización del sistema de inteligencia amplió su capacidad operativa en inteligencia y contrainteligencia, extendió el secreto como regla y facilitó el acceso a información de otros organismos. El DNU 941/2025 creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia, mientras que la reforma del Estatuto de la Policía Federal sumó facultades de ciberpatrullaje y reguló agentes encubiertos digitales.
Inversiones en tecnología de vigilancia
El Gobierno nacional destinó 1,2 millones de dólares a tecnologías como licencias de Maltego, Clearview AI y drones con cámaras térmicas. La Ciudad de Buenos Aires concentró 48 millones en infraestructura física, incluyendo 27 millones en puntos de captura y hardware y 14 millones en conectividad. Estas inversiones complementarias aumentan la capacidad de capturar y procesar información en el espacio público.
Protocolos y uso de inteligencia artificial
El Protocolo Antipiquetes prevé filmaciones, identificación de participantes y comunicación a Migraciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad concentra funciones de monitoreo digital y reconocimiento facial. Amnistía Internacional señaló que falta información sobre las bases de datos y controles en el uso de Clearview AI, aunque el Ministerio aclaró que el sistema no opera en línea ni de forma permanente.
Interrogantes sobre control y transparencia
El informe advierte sobre la falta de auditorías y evaluación de impacto en el uso de estas herramientas. En cuanto a los drones, existen declaraciones oficiales que niegan su uso en manifestaciones, pero la investigación recopiló evidencia de su presencia en protestas. Las preguntas clave giran en torno a qué imágenes se capturan, cuánto tiempo se conservan y con qué otros datos pueden combinarse.
