La denuncia y el avance judicial
El fiscal federal Ramiro González dio impulso penal a la investigación que lleva el juez Sebastián Ramos, informó Clarín. La causa se inició a partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Armada, que detectaron pagos irregulares a integrantes de la fuerza y a civiles ajenos a ella. Los sumarios internos, identificados con el sellado "CONFIDENCIAL. MUY URGENTE", apuntan a una red de beneficiarios que cobró dinero del presupuesto naval durante al menos cuatro años.
La investigación interna, impulsada por el almirante Romay, estableció que los desvíos comenzaron en julio de 2022, aunque no se descarta que hayan existido meses antes. Según fuentes de la Armada citadas por Clarín, no se encontraron pagos irregulares en junio de ese año, pero la Justicia podría determinar que el esquema era más antiguo. La causa avanza sobre un número creciente de involucrados y transferencias.
Las confesiones de los oficiales implicados
El capitán de navío Ariel Baltazar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, admitió en los sumarios haber incorporado manualmente registros e incrementos en archivos bancarios "en forma desvinculada de las liquidaciones oficiales". Según los documentos, Atanasoff declaró que brindaba "apoyos económicos" y reconoció acreditaciones a personas ajenas a la Armada, incluida su cónyuge. La esposa del oficial, María del Carmen Prieto, figura en la denuncia original como beneficiaria de más de $152 millones, cifra que luego se elevó a más de $300 millones.
Otros oficiales también confesaron pagos indebidos. El capitán de corbeta Cristian Lobato admitió haber recibido más de $70 millones por encima de su sueldo real y alegó que creyó que se trataba de un "error bancario". Lo mismo sostuvieron los capitanes de corbeta Gerardo Heredia, Mathias Agustín Pieroni y Anabella Farías. El capitán de corbeta Leonardo Álvarez reconoció al menos $24 millones irregulares, mientras que Roberto Castro, destinado a una misión humanitaria en Colombia, cobró en paralelo unos $54,5 millones.
La detección y las suspensiones
La trama fue descubierta por una teniente de apellido Acuña, de rango inferior a los oficiales implicados, durante el verano pasado cuando Atanasoff y otro jefe estaban de licencia. La oficial presentó documentación inicial al jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio. Inicialmente, la dirección de la pesquisa quedó en manos de Atanasoff, lo que demoró los avances hasta que se descubrió que su esposa era una de las beneficiarias.
El almirante Romay decidió judicializar el caso y suspendió a nueve capitanes de corbeta, un suboficial primero y un capitán de navío. El capitán de navío Atanasoff es el oficial de mayor grado separado de la institución. En paralelo, otros dieciocho integrantes de la Armada están sometidos a sumarios internos y podrían ser suspendidos. Un Consejo Disciplinario determinará si cometieron faltas "gravísimas", lo que podría derivar en destitución inmediata.
