Sexta (Buenos Aires, 22 de julio de 2026).-
Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración solicite a la Auditoría General de la Nación la realización de una auditoría especial e integral sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La iniciativa, registrada bajo el expediente 3444-D-2026, busca transparentar la gestión del organismo y evaluar eventuales irregularidades en su administración.
Un llamado a la transparencia en el PAMI
El proyecto, impulsado por diputados nacionales, argumenta la necesidad de una revisión exhaustiva de las finanzas y operaciones del PAMI tras denuncias de desvíos de fondos y falta de rendición de cuentas. La iniciativa destaca que, como organismo clave en la cobertura de salud para adultos mayores, el PAMI debe garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. La Auditoría General de la Nación, como órgano de control externo, sería la encargada de realizar este examen.
El rol de la Comisión Parlamentaria Mixta
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración actúa como puente entre el Poder Legislativo y los organismos de control. En este caso, su intervención sería clave para que la auditoría se concrete, ya que el proyecto propone que la comisión solicite formalmente el estudio. La medida refleja la preocupación de los legisladores por la gestión de fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Antecedentes y contexto del PAMI
El PAMI es el principal prestador de servicios de salud para jubilados y pensionados en Argentina, con un presupuesto anual que supera los $1,5 billones. En los últimos años, el organismo enfrentó críticas por demoras en el pago a proveedores, sobrecostos en medicamentos y cuestionamientos sobre la asignación de recursos. La auditoría propuesta buscaría verificar si estos problemas obedecen a fallas administrativas, falta de controles o posibles irregularidades.
Próximos pasos en el Congreso
El proyecto, publicado el 20 de julio de 2026 en los datos abiertos de la Cámara de Diputados, deberá ser tratado en comisiones antes de ser sometido a votación en el recinto. Si es aprobado, la Auditoría General de la Nación tendría un plazo de 90 días para presentar un informe preliminar. Los resultados podrían derivar en recomendaciones para mejorar la gestión o, en caso de hallarse irregularidades, en acciones legales o sanciones administrativas.
