Sexta (Buenos Aires, 27 de junio de 2026).- El Congreso de la Nación avanza en la modificación del Código Penal para incluir figuras delictivas vinculadas a la pesca ilegal. El proyecto, presentado por el diputado Guillermo Michel, propone endurecer las sanciones y ampliar las conductas punibles en un contexto de creciente preocupación por la explotación no regulada de los recursos marinos.
Un proyecto con enfoque en la soberanía y los recursos
El expediente 2576-D-2026, ingresado a la Cámara de Diputados el 2 de junio de 2026, busca reformar el Código Penal para incorporar delitos específicos relacionados con la pesca ilegal. Según la iniciativa, se penalizarán conductas como la captura no autorizada de especies protegidas, el uso de artes de pesca prohibidas y la comercialización de productos obtenidos de manera ilícita. La propuesta surge en un escenario donde la pesca ilegal representa una amenaza para la biodiversidad y la economía regional.
Mayor severidad en las penas y nuevas figuras delictivas
Entre los cambios propuestos, se destacan la creación de nuevos tipos penales y el aumento de las penas para los delitos ya existentes. El proyecto establece que quienes realicen actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales argentinas podrán enfrentar sanciones de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Además, se prevé la aplicación de multas millonarias y la incautación de embarcaciones y equipos utilizados en estas prácticas.
El rol de las fuerzas de seguridad y la coordinación interjurisdiccional
La iniciativa también promueve la creación de un fondo especial para financiar operativos de control y fiscalización, en colaboración con la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina. El diputado Michel destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Estado nacional, las provincias y los organismos internacionales para erradicar la pesca ilegal, un problema que trasciende las fronteras y requiere respuestas integrales.
Reacciones y desafíos en la implementación
Organizaciones ambientalistas y sectores vinculados a la industria pesquera ya manifestaron su apoyo al proyecto, aunque advierten sobre los desafíos en su aplicación. La falta de recursos tecnológicos y humanos para monitorear extensas zonas marítimas y fluviales podría limitar la efectividad de las nuevas normas. Mientras tanto, el expediente 2576-D-2026 aguarda su tratamiento en comisiones antes de ser debatido en el recinto.
