Sexta (Buenos Aires, 17 de octubre de 2026).- El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que el conflicto universitario se origina en el Congreso y no en el Gobierno, tras la represión registrada durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, según informó la agencia NA.
La postura del subsecretario de Políticas Universitarias
De acuerdo con lo publicado por NA, Álvarez sostuvo que todas las leyes que asignan recursos por fuera del presupuesto deben identificar las partidas destinadas a cubrir esos gastos. En ese marco, señaló que la iniciativa sobre financiamiento universitario aprobada por el Congreso incumplió ese requisito y consideró que correspondía promulgar la norma y suspender su aplicación en el mismo acto.
La acusación por la Ley de Administración Financiera
El funcionario atribuyó la responsabilidad del conflicto a los legisladores que respaldaron el proyecto y fue categórico: “Votaron una ley violando la ley de administración financiera”, declaró, según NA. Asimismo, defendió la administración de los recursos destinados a las instituciones públicas y afirmó que el Poder Ejecutivo solo utiliza el presupuesto aprobado por el Congreso.
La apertura a una modificación presupuestaria
Álvarez dejó abierta la posibilidad de un cambio de postura al señalar que el Gobierno cumpliría con una eventual modificación presupuestaria que aprobara el Poder Legislativo. “Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro”, expresó. El subsecretario también había afirmado que “todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos”.
La interna oficialista y la presión de los gobernadores
El conflicto se enmarca en una interna dentro de La Libertad Avanza, cuyos sectores mantienen diagnósticos y soluciones opuestos sobre la problemática universitaria. Según pudo saber NA, el ala política del oficialismo elaboró a fines de febrero un proyecto de ley para la educación superior que recomponía remuneraciones, pero las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza lo dejaron sin tratamiento al prever un fallo judicial adverso a los reclamos universitarios. Además, gobernadores, sobre todo del radicalismo, pidieron al Ejecutivo nacional terminar con el conflicto y advirtieron por posibles consecuencias electorales en sus distritos.
