Medida coordinada entre departamentos
El Departamento de Estado anunciará en las próximas semanas la revocación de las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026, según documentos obtenidos por The Associated Press y dos funcionarios federales. La medida se adoptará en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien dijo que el proceso será gradual y dinámico.
Pigott declinó precisar el número exacto de visas afectadas, aunque fuentes indican que alcanzaría a unas 200.000 personas. Las revocaciones no implicarán deportación inmediata, sino la reclasificación de los solicitantes de asilo que perderán su estatus de viajeros por negocios o turismo, según funcionarios que hablaron bajo anonimato.
Endurecimiento migratorio desde 2025
El gobierno de Donald Trump incrementó las restricciones para solicitantes de visas desde el inicio de su segundo mandato en 2025. Entre las medidas se incluyen mayores exigencias sobre historiales en redes sociales, el pago de costosas fianzas y la prohibición de emitir visas a ciudadanos de ciertos países.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó el lunes en redes sociales a quienes usan visas de turismo y negocios para luego pedir asilo. "La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas", escribió Landau en X, citando el caso de un colombiano que ingresó en 2015 y luego solicitó asilo.
Antecedentes de revocaciones y nuevas tasas
En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado revocó unas 175.000 visas a personas condenadas o acusadas de delitos, y a quienes se pronunciaron contra políticas de Estados Unidos, especialmente en Oriente Medio. También se endurecieron los controles contra el "turismo de parto" y la ciudadanía por nacimiento, cuyos intentos de eliminación fueron rechazados por la Corte Suprema.
Además, el gobierno propuso nuevamente una tasa de 103.265 dólares para empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, medida que en 2025 fue bloqueada por un juez federal tras una demanda de 20 estados. La nueva propuesta busca renovar esa iniciativa contra el "abuso sistémico" del programa.
