Sexta (Buenos Aires, 27 de septiembre de 2026).- Decenas de miles de personas marcharon este fin de semana en el centro de Madrid para exigir medidas contra el aumento de los costos de la vivienda y los desalojos, luego de que el miércoles la policía sacara en camilla a Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su apartamento en la capital española.
El desalojo que desató las protestas
Según informó Radio France International (RFI), las imágenes de Maricarmen Abascal siendo retirada en camilla de su vivienda, después de que la policía derribara la puerta, pusieron de nuevo en el centro del debate la crisis de la vivienda en España. La mujer, que vivió unos 70 años en ese apartamento, debió abandonarlo, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales. La propia Abascal, ingresada por agotamiento desde el desalojo, pidió en un video difundido en internet que ciudadanos se sumen a la lucha: "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas".
Marchas y acampada en la Puerta del Sol
Las autoridades contabilizaron unos 25.000 manifestantes, mientras que el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizador de la protesta, afirmó que participaron más de 300.000. "El desahucio de Maricarmen ha provocado una conmoción y es un punto de no retorno", declaró a la prensa Alicia del Río, portavoz del sindicato, según RFI. En varias pancartas se leía: "Tú podrías ser la próxima Maricarmen". Al terminar la marcha, algunos activistas instalaron un campamento en la Puerta del Sol, plaza neurálgica del centro de Madrid.
El Gobierno promete un decreto, pero no tiene mayoría
El presidente Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, afronta una presión creciente para actuar. Está previsto que el Gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas bautizado como "decreto Maricarmen", que incluiría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos. Sin embargo, no está claro que el paquete obtenga respaldo del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría, y un proyecto similar fue rechazado a principios de este año, según RFI.
Déficit de vivienda y presión política
El Banco de España estima que el país, con unos 50 millones de habitantes, tiene un déficit de 700.000 viviendas, según la brecha entre la demanda y la nueva construcción. España tiene muy poca vivienda pública, mientras que los alquileres se dispararon por el aumento de la demanda, incluida la procedente del turismo y del crecimiento poblacional ligado a la migración, según analistas citados por RFI. El caso ocurre a pocos meses de las elecciones y tras varias legislaturas en las que la izquierda de Sánchez no logró tomar la iniciativa en esta materia.
