Sexta (Buenos Aires, 14 de agosto de 2026).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Panamá que su país planea ataques terrestres contra el narcotráfico en América Latina. La medida amplía la fase previa de bombardeos en aguas internacionales.
Anuncio de una nueva fase militar
Hegseth explicó que buscan replicar en tierra el efecto disuasivo de los ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental. Destacó que las fuerzas armadas no trasladarán a los sospechosos a procesos judiciales ordinarios, sino que neutralizarán las estructuras criminales donde operen. La iniciativa se inscribe en la Operación Lanza del Sur y en la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), promovida por el presidente Donald Trump.
La coalición reúne a gobiernos del hemisferio para coordinar control fronterizo y combate directo al crimen organizado. Ya hay acuerdos de cooperación con Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, y Panamá impulsa acciones concretas. El ministro Frank Ábrego encabezó debates durante los ejercicios Panamax.
El rol de la Argentina y sus límites legales
La Argentina es miembro pleno de la coalición tras los acuerdos firmados por Javier Milei. Sin embargo, una eventual operación terrestre en suelo argentino generaría incertidumbre jurídica. Especialistas señalan que las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional prohíben la intervención de fuerzas militares en seguridad ciudadana sin autorización del Congreso.
El gobierno argentino no precisó si habilitaría operaciones conjuntas en su territorio o si se limitará a inteligencia e interoperabilidad fronteriza. El debate sobre el impacto doméstico de esta escalada sigue abierto en la región.
Cuestionamientos humanitarios
Organismos de derechos humanos y analistas critican el saldo humano de la campaña marítima previa. Reportes indican más de 126 muertos en ataques aéreos contra sospechosas narcolanchas, sin debido proceso ni pruebas concluyentes. Grupos advierten sobre riesgos éticos y legales de militarizar la lucha antidrogas.
La decisión de Washington redefine los equilibrios geoestratégicos y desafía las soberanías nacionales. La presión militar estadounidense se enfrenta a los marcos regulatorios internos de cada país miembro.
