Sexta (Buenos Aires, 24 de agosto de 2026).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar operativos para deportar a extranjeros que cometan delitos y a migrantes en situación irregular. La medida se conoció durante un consejo de seguridad en Barranquilla.
Anuncio de operativos y deportaciones
La disposición comenzará en la caribeña ciudad de Barranquilla, donde Migración Colombia trabajará de manera coordinada con la Policía para localizar a extranjeros que cometan delitos y, posteriormente, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria. “En el término de la distancia tendrán que ser deportados. ¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana”, afirmó De la Espriella.
El mandatario aseguró que la nacionalidad de los extranjeros no será un factor a tener en cuenta. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, expresó. También asumió la responsabilidad por la medida: “Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo”.
Cambio de rumbo frente a la migración venezolana
El anuncio marca una diferencia con la política que durante años mantuvo buena parte de la derecha colombiana ante la llegada masiva de venezolanos. Tradicionalmente, los sectores conservadores promovieron políticas de acogida, al tiempo que utilizaron la crisis migratoria como parte de su discurso contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Según Migración Colombia, a enero de 2026 había 2.841.048 ciudadanos venezolanos en el país. El 82% se encontraba en situación regular, lo que deja a alrededor de medio millón fuera de esa condición. Un informe de agosto de 2025 contabilizó 484.658 venezolanos en situación irregular, el 17% del total registrado.
La regularización fue uno de los pilares de la política colombiana frente al éxodo venezolano. Desde la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos se han entregado más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal (PPT), según informó la entidad en julio de 2026.
Migración y seguridad en una misma estrategia
Los operativos forman parte de un paquete más amplio de medidas con las que De la Espriella busca endurecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia y los grupos armados. Durante el mismo consejo de seguridad, ordenó activar un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y realizar traslados de presos para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de operaciones para extorsiones.
También planteó eliminar las diferencias en el tratamiento estatal de las distintas organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales. “Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, afirmó.
