Apoyo y críticas de los especialistas
El abogado Carlos Molina Sandoval respaldó la iniciativa al afirmar que las herramientas previstas permiten "abordar los conflictos societarios de manera más rápida y eficiente, con el objetivo de reducir costos transaccionales". Además, destacó que el proyecto se estructura sobre cuatro ejes: "flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica".
En cambio, Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, advirtió que la propuesta podría avanzar sobre competencias provinciales. En ese sentido, remarcó que los registros ya trabajan desde 2017 en procesos de simplificación, digitalización y transparencia. Jacob Saúl, inspector general de Justicia de La Rioja, señaló que nadie se opone a la modernización, pero rechazó que "bajo ese argumento, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias".
Posturas a favor y cuestionamientos
Diego Duprat, titular de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Sur, valoró las herramientas para resolver conflictos societarios y señaló que el proyecto introduce "una concepción moderna y equilibrada, amplía la autonomía societaria y brinda mecanismos para atender los distintos intereses involucrados".
Por el contrario, Patricia Fernández Andreani, abogada y profesora titular de la Universidad Nacional del Comahue, cuestionó que la iniciativa "no incorpore obligaciones para las grandes empresas vinculadas con criterios ESG, relacionados con compromisos medioambientales, derechos humanos y equilibrio de género". En la misma línea, el abogado Eduardo Favier Dubois pidió que se "rechace esta reforma en el Senado" y propuso "avanzarse en una reforma y actualización de la normativa vigente, pero no en una nueva ley".
Principales puntos de la reforma
El proyecto, diseñado por Sturzenegger, busca reducir la tutela del Estado sobre la organización de los socios. Establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que prevalecerá lo establecido en el estatuto de cada sociedad. Además, los registros públicos no podrían dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite, y se eliminarían trabas burocráticas para la inscripción y funcionamiento de las empresas.
Uno de los aspectos novedosos es la incorporación de la "Sociedad Automatizada", concebida para operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados. También contempla las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), que pueden funcionar de manera autónoma y utilizar tokens y blockchain. La reforma permite someter conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, e incorpora cláusulas arbitrales.
En materia de digitalización, incorpora el domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma digital. Se prevé un legajo digital público para cada empresa. La reforma amplía las alternativas para realizar aportes al capital, incluyendo bienes, derechos, créditos, activos digitales y prestaciones de valor económico. El debate continuará la próxima semana con nuevos expositores.
