Qué establece el proyecto de Alvado
El proyecto fue presentado por la diputada de La Cámpora, Maite Alvado, y establece que cualquier cambio en el control de las compañías estatales deba ser aprobado por una ley que requiera una mayoría especial de dos tercios de los miembros de la cámara y no con mayoría simple, como ocurre en la actualidad. La iniciativa apunta a proteger empresas como Aguas Bonaerenses SA, AUBASA y Bagsa, que gestionan servicios esenciales en la provincia.
Respaldos y rechazos en comisión
El proyecto de Alvado consiguió el respaldo de los diputados de Unión por la Patria, que reúne a kirchneristas, axelistas y massistas, y también de los bloques aliados del oficialismo: Nuevos Aires y Unión y Libertad. Acompañaron además el radicalismo y el bloque Hechos, de los hermanos Passaglia. En tanto, los tres votos negativos los aportaron los representantes de La Libertad Avanza y PRO, quienes emitieron un dictamen de minoría en conjunto.
Fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos del proyecto, la legisladora señaló que "permitir cambios frecuentes e impulsivos en la producción y prestación de estas empresas, socava la calidad y accesibilidad de los mismos, además de minar la confianza en las capacidades del estado provincial". Añadió que la estabilidad en la gestión es fundamental para planificar inversiones a largo plazo, mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del acceso equitativo.
La diputada también expuso que la fusión entre participación activa del Estado y de privados garantiza que estos bienes y servicios se brinden "de manera eficiente y equitativa". Como ejemplo, citó el caso de YPF a nivel nacional, señalando que es el Estado el que "tiene la capacidad de supervisar y regular las operaciones de estas empresas, asegurando altos estándares de calidad y accesibilidad para los bonaerenses".
Contexto político y próximos pasos
La iniciativa se enmarca en un contexto de debate nacional sobre el rol del Estado en las empresas públicas. La ley de Sturzenegger que avala la venta de Arsat, con media sanción en el Congreso, y el pedido del senador Berni para que la Legislatura controle el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina reflejan la tensión en torno a este tema. El peronismo busca actualizar la normativa ante un eventual desembarco de los libertarios en la provincia el año próximo.
