Sexta (Buenos Aires, 15 de noviembre de 2026).- El oficialismo terminó de delinear el temario de la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional están garantizados, pero está en riesgo el capítulo 7, que requiere una mayoría especial de 129 voluntades.
Los cuatro proyectos del temario
El repertorio que se debatirá en el recinto incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Acuerdo de Montevideo, junto con la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El oficialismo todavía zanja diferencias con fuerzas aliadas en torno al primero de esos proyectos.
La pulseada por el capítulo 7
El capítulo 7 del dictamen incluye la creación de nuevos tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera" y necesita 129 votos para su aprobación. El asunto se conversó en una reunión a puerta cerrada en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, con Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado por el oficialismo, y referentes del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques menores. El Gobierno envió a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, a tomar nota de los reclamos.
La funcionaria escuchó al misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), a la radical bonaerense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y a la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes pidieron eliminar o modificar profundamente el capítulo 7, según constató la Agencia Noticias Argentinas. En cambio, el PRO se comprometió a apoyar el proyecto plenamente, se le apliquen modificaciones o se mantenga igual.
Qué prevé el capítulo cuestionado
El capítulo prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También propone penas de prisión por "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación", por poner secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas. Se prohíbe la organización, financiación y ejecución de "campañas de injerencia extranjera".
Los cambios que el oficialismo ya concedió
El proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización de recursos en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores, aunque dejó afuera a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. Las multas se suavizaron de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a entre 2 mil y 40 mil. Además, se amplió el Consejo de Seguridad Nacional con el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores como miembros no permanentes.
A pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, y el Poder Ejecutivo deberá informar las medidas en un plazo máximo de 48 horas. El proyecto también da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). Para el peronismo y la izquierda, se trata de un "caballo de Troya" que concentra poder en el Ejecutivo.




