Sexta (Buenos Aires, 27 de octubre de 2026).- El oficialismo buscará este martes dictaminar el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, pero no aseguró las firmas necesarias y enfrenta un panorama adverso, según informó la agencia NA.
El plenario de comisiones y las diferencias que persisten
Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirán este martes a las 16.00 en el Anexo C de la Cámara baja, en medio de negociaciones que lleva adelante y supervisa la Casa Rosada. De acuerdo con altas fuentes del interbloque Fuerzas del Cambio citadas por NA, persisten diferencias en torno a una serie de artículos que el Poder Ejecutivo se resiste a modificar o eliminar y que podrían derivar en una nueva postergación, luego de que la semana pasada se suspendiera el plenario.
A diferencia de otras leyes construidas desde el Congreso, en este caso es el Poder Ejecutivo el que impone los términos de la conversación y se reserva la potestad de aceptar o rechazar modificaciones a pedido de la oposición. Hasta ahora, la única garantía para los bloques dialoguistas y aliados es la modificación del artículo 111, que establecía penalizaciones a acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva.
"Aceptaron nuestra propuesta que viene de la legislación comparada, para que en vez de criminalizar las campañas de desprestigio que eran muy abiertas encontramos los tipos penales que están más definidos", comentaron las fuentes consultadas a NA. Por el momento no fueron aceptadas otras propuestas de sectores aliados, como la incorporación de dos diputados en el Consejo de Seguridad para que haya presencia de la oposición en ese órgano. También surge como reparo la superposición de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de infraestructuras críticas.
El escepticismo de los aliados y el problema de los tiempos
Desde Fuerzas del Cambio (PRO y UCR) se muestran escépticos respecto de las posibilidades de avanzar este mismo martes con la firma del dictamen, más allá de que estarían dispuestos a acompañar en disidencia, supo NA. Más allá de que se firme o no esta semana, la aprobación del proyecto no tiene el camino despejado y podría verse desplazado por otros temas que el Gobierno considera prioritarios, como el Presupuesto 2027 y, en menor medida, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El oficialismo también enfrenta un problema de tiempos para encontrar una fecha plausible de sesión. La visita del Papa y los feriados previstos para los días 9 (nacional), 10 (CABA y Córdoba) y 11 de noviembre (PBA) entorpecen el armado de un cronograma legislativo que debe hacer lugar a la discusión del Presupuesto 2027. A su vez, el martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos y se especula con que una comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza viaje al país del norte para presenciar la jornada electoral.
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas, de hasta 20 años de prisión, por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y la inhabilitación para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y se incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos.
La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este órgano tendrá a cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas, y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso tras agotar otras instancias de un protocolo de actuación. Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales, y con la incorporación del RePET se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo.
