Sexta (Buenos Aires, 1 de septiembre de 2026).- El juez federal Martín Cormick dio lugar a una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno nacional cumplir de inmediato con el financiamiento dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario.
La cautelar y la respuesta del Ejecutivo
La presentación fue realizada por las autoridades de la UBA ante el incumplimiento del Gobierno nacional de transferir los fondos establecidos por la normativa. El juez Cormick consideró que la demora afectaba el funcionamiento normal de la universidad y resolvió hacer lugar a la medida cautelar.
Desde el Ministerio de Educación de la Nación aún no emitieron un pronunciamiento oficial, pero se espera que en las próximas horas el Gobierno evalúe los pasos a seguir. Mientras tanto, las autoridades de la UBA celebraron la decisión y exigieron que se acate el fallo.
El alcance del fallo para el sistema universitario
La medida cautelar tiene un impacto directo no solo en la UBA sino también en el resto de las universidades nacionales, que atraviesan una situación similar respecto al envío de fondos. La Ley de Financiamiento Universitario establece partidas específicas para el funcionamiento de las casas de estudios superiores.
El incumplimiento de esta normativa había generado un fuerte malestar en el sector educativo, que reclamaba por la falta de recursos para afrontar los gastos corrientes. Con este fallo, se sienta un precedente que podría habilitar nuevas presentaciones judiciales por parte de otras universidades.
Repercusiones y próximos pasos
Organizaciones estudiantiles y gremios docentes mostraron su apoyo a la medida y convocaron a una conferencia de prensa para manifestar su respaldo a la UBA. En tanto, el Gobierno podría apelar la decisión, aunque el juez ordenó el cumplimiento inmediato mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El fallo se conoce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y las universidades públicas por la actualización de los presupuestos. La UBA ya había advertido que, sin los fondos correspondientes, se vería obligada a tomar medidas drásticas para garantizar su operatividad.
Se espera que en los próximos días el Gobierno defina si cumple con la orden judicial o si presenta un recurso ante la Cámara Federal. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece atenta a la evolución de esta causa que afecta el futuro de la educación superior en Argentina.
