El fallo judicial y sus fundamentos
El magistrado **Martín Cormick**, a cargo del juzgado, resolvió dejar sin efecto el **Decreto 759/2025**, que condicionaba el desembolso de fondos universitarios a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la inclusión de partidas en el presupuesto general. Según el fallo, el decreto no superó un test mínimo de razonabilidad, ya que permitía suspender la aplicación de una ley sancionada por el Congreso con mayorías agravadas. La resolución, a la que accedió la **Agencia Noticias Argentinas**, obliga al Gobierno a cumplir de inmediato con la normativa.
El amparo colectivo y los actores involucrados
El Consejo **Interuniversitario Nacional** y la **Universidad de Buenos Aires (UBA)**, junto a otras casas de estudio, presentaron un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de los puntos centrales de la ley. Entre ellos, se destacan la asignación de partidas para el funcionamiento institucional y la recomposición salarial de docentes y no docentes. El juez consideró que el decreto violaba el principio de división de poderes al intentar bloquear una ley ya vigente.
La respuesta del Gobierno y el veto inicial
El Poder Ejecutivo había intentado frenar la entrada en vigencia de la **Ley de Financiamiento Universitario** mediante un veto presidencial, pero el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa. Ante esto, el Gobierno emitió el **Decreto 759/2025**, que condicionaba la ejecución de los fondos a requisitos presupuestarios no previstos en la ley. La Justicia determinó que esta medida excedía las facultades del Ejecutivo y vulneraba el ordenamiento jurídico.
Consecuencias y próximos pasos
El fallo obliga al Gobierno a dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para implementar la ley sin más dilaciones. La resolución judicial refuerza el principio de supremacía del Congreso en la sanción de leyes y limita la capacidad del Ejecutivo para suspender su aplicación mediante decretos. Universidades y gremios docentes celebraron el fallo, aunque aún resta definir los plazos para la recomposición salarial y el financiamiento de las instituciones.
