Sexta (Buenos Aires, 9 de octubre de 2026).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La medida fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia.
El alcance de la medida cautelar
Según informó el máximo tribunal, la suspensión regirá hasta tanto el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar. El artículo 154 del DNU 70/2023 disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que imponía restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Con esta decisión, esas limitaciones vuelven a estar vigentes hasta que se analice la cuestión de fondo del planteo.
El planteo ambiental que motivó la intervención
El tribunal entendió que el planteo de la asociación actora versaba sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”. Por ese motivo, consideró necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”. El expediente incluye un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
El acuerdo extraordinario y la falta de unanimidad
El acuerdo extraordinario fue convocado para esta mañana en carácter urgente, para resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales y pronunciarse sobre las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar.
Quiénes son los conjueces
Los magistrados designados fueron Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
