El hecho investigado y la falta de pruebas
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2025, cuando Laura Belén Arrieta llegó a Aeroparque en un avión privado de Royal Class, una de las empresas del empresario Leonardo Scatturice, magnate argentino radicado en Miami y cercano a Donald Trump, que recientemente había comprado Flybondi. Según la investigación, se declararon cinco bultos, pero las imágenes mostraron una cantidad mayor de valijas que no pasaron por los escáneres, a diferencia de otros pasajeros.
Yadarola, designado para un cargo en Comodoro Py y que asumirá mañana, resolvió en su último día frente al juzgado cerrar esta causa al sostener que no llegó un informe clave de Estados Unidos con información relevante. El juez consideró que no quedó acreditada una maniobra de contrabando de importación en los términos del artículo 863 y concordantes del Código Aduanero, y argumentó que la causa enfrentaba “límites probatorios estructurales”.
Falta de escaneo y demora en la denuncia
En el fallo, Yadarola señaló que no hubo escaneo originario del equipaje, la denuncia llegó con demora y sigue pendiente información de las autoridades estadounidenses. Esa combinación, según el magistrado, impidió determinar qué contenían los bultos. Por ello, no se pudo acreditar el delito de contrabando de importación previsto en el Código Aduanero.
Sin embargo, el juez entendió que las circunstancias habilitan investigar otros delitos, ajenos a la materia exclusiva del fuero penal económico. Por eso ordenó remitir testimonios a la Cámara Federal para que se examine si los agentes aduaneros y terceros intervinientes permitieron que Arrieta, Pinto y Bresciano egresaran de la zona primaria por un paso habilitado solo para ellos, sin control sobre el equipaje.
Irregularidades en el control aduanero y pasos a seguir
En la resolución se señaló que la Dirección General de Aduanas no explicó de manera adecuada qué motivó esa decisión. Yadarola también encomendó al organismo aduanero que evalúe las irregularidades e inconsistencias detectadas y que establezca un protocolo objetivo, uniforme, auditable y documentado para el control de pasajeros, tripulación, equipajes y mercaderías en vuelos privados internacionales.
El instructivo deberá incluir criterios de selectividad y dejar constancia expresa cuando se autorice la salida por un canal sin escáner. Scatturice no fue acusado de contrabando en este tramo de la causa. Durante la investigación, el Gobierno primero negó irregularidades y después sostuvo que el control de equipaje en vuelos privados es selectivo y no obligatorio en todos los casos, lo que ahora quedará sujeto a nuevas pautas.
