Alcance de la medida judicial
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión incluye también al gremialista Abel Furlán, a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a la empresa USEM SA y a otros integrantes de la firma. El magistrado solicitó informes a la ARCA, ANSES, Migraciones y al Ministerio de Capital Humano para rastrear los movimientos de dinero y bienes de los investigados. La medida busca establecer si existieron irregularidades en la adquisición de propiedades y vehículos.
Además, se ordenó un informe completo al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires sobre la unidad funcional ubicada en el primer piso de San José 1111, cuya titularidad registral se atribuye a Calle. También se requirió información sobre un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, que integran el patrimonio de la sindicalista, así como la verificación de si Calle y Furlán poseen embarcaciones.
El rol de USEM SA en la UOM
La investigación se centra en un contrato de locación de servicios firmado el 27 de febrero de 2023 entre la empresa USEM SA y el sindicato de la UOM. El acuerdo establecía honorarios mensuales equivalentes al 0,5% de los fondos totales que ingresaran a la cuenta fiduciaria utilizada para la apertura y administración de cuentas bancarias de seccionales y del Secretariado Nacional. Según el Boletín Oficial 35073, del 22 de diciembre de 2022, Calle figura como fundadora de dicha empresa junto a Raúl Braconi.
En ese marco, el juez pidió a la ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán correspondientes al período 2022-2025, que coincide con la creación y actividad de USEM SA. A su vez, se solicitó a la ANSES información sobre los empleadores, con fechas de alta y baja, así como las remuneraciones registradas durante ese lapso.
Medidas complementarias y documentación requerida
Ercolini también reclamó a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano los estados contables presentados por la UOM en los últimos cinco años. Esta documentación permitirá establecer el flujo de fondos entre el gremio y la empresa vinculada a los sospechados, así como detectar posibles desvíos o incompatibilidades con la función sindical.
Las medidas fueron adoptadas en el marco de la causa que investiga la compra del inmueble, adquirido en 2023, cuando Calle se desempeñaba como delegada de la UOM y referente de La Cámpora. El objetivo es determinar si los ingresos declarados por la sindicalista resultan suficientes para justificar el origen de los fondos, a la vez que se analiza cualquier vínculo con la expresidenta Kirchner. Hasta el momento, Calle no se pronunció públicamente sobre la decisión del juez.
