Reacciones de Bullrich y Petri
La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsora de la nueva legislación, escribió en sus redes sociales: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”. Y añadió: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien”. Por su parte, el diputado nacional Luis Petri fue más directo: “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”. Sostuvo que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”.
Críticas y respaldo oficialista
El Ministerio de Capital Humano no se refirió directamente contra la medida, pero compartió un posteo retuiteado por el presidente Javier Milei en el que se recordaba que la Ley N° 27.801 establece que desde los 14 años los adolescentes pueden responder penalmente, y que delitos como amenazar a una escuela, portar armas o vender sustancias ilegales están tipificados. El dirigente Sebastián Pareja calificó la decisión como “profundamente antidemocrática” y afirmó: “Esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir”, al tiempo que subrayó que la norma fue resultado de un proceso legislativo en el Congreso.
El fallo de la jueza Pascual
La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la ley. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, lo que paralizó la aplicación de la norma en todo el territorio bonaerense. El eje de la resolución fue la falta de infraestructura y recursos del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y Pascual cuestionó si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales para albergar a esa población bajo estándares de derechos humanos.
Reglamentación nacional
En el ámbito federal, el Gobierno reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema y celebrar convenios con provincias y organizaciones. El nuevo esquema prohíbe la prisión perpetua para menores, fija un máximo de 15 años de privación de la libertad en centros especializados, e incorpora penas alternativas como reparación del daño o tobilleras electrónicas. Además, creó la figura del “supervisor especializado” y un registro transitorio de habilitados con un plazo de 180 días para la primera convocatoria pública.
