Los argumentos del Estado nacional
El recurso, firmado por la apoderada de la IGJ y el procurador Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, sostiene que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina”. Para los representantes del Estado, la justicia civil convalidó un cambio de domicilio decidido unilateralmente por la AFA para sustraerse al control societario de la IGJ, que había detectado “graves irregularidades” en los balances y falta de información clave. Incluso denunció la falta de presentación de algunos balances obligatorios.
La postura de la AFA
La AFA negó que exista “cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la Corte”. Además, sostuvo que la sentencia de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset no negó las facultades legales de la IGJ ni declaró la invalidez de sus normas, sino que examinó si sus facultades fueron ejercidas dentro de los límites legales. La entidad insistió en que el control permanente quedó radicado en la provincia de Buenos Aires tras la inscripción del cambio de jurisdicción.
El conflicto por el domicilio fiscal
La discusión gira en torno al traslado de la sede de la AFA desde la calle Viamonte en la Ciudad de Buenos Aires hacia un predio en Pilar, donde solo hay un cartel en medio del pasto. El traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024 e inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Sin embargo, la IGJ nunca convalidó la mudanza, cuyo visto bueno es necesario para evitar que sea cuestionada por fraudulenta. El Estado nacional plantea que el fallo convalidó “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores”.
La AFA aseguró que la acusación carece de sustento y que, una vez inscripto el cambio ante la autoridad bonaerense, el control ya no corresponde a la órbita nacional. Además, la entidad pidió que no se conceda el recurso y, si la Cámara habilita la instancia federal, solicitará a la Corte Suprema que confirme el fallo que anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también la resolución del Ministerio de Justicia que designó veedores por 180 días. La Sala D de la Cámara Civil debe decidir en los próximos días si habilita el recurso extraordinario.
