La asociación civil Usina de Justicia, creada por Diana Cohen Agrest, realizó dos presentaciones judiciales ante la decisión que frenó por 60 días la entrada en vigencia de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
Denuncia penal y amicus curiae
En una de las actuaciones, la ONG formuló una denuncia penal contra la jueza Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. En la otra, solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la medida, lo que le permitirá acercar argumentos al tribunal aunque no sea parte directa del juicio. La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto a través del abogado Martín Luis Sarubbi.
La decisión de la suspensión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, en la causa 40881-HC “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”. Además, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades provinciales deberán informar sobre las medidas para la implementación de la ley.
Los fundamentos de la ONG
Usina de Justicia sostiene que la decisión judicial se basó en una hipótesis de futuro sobre un posible incremento de las internaciones y condiciones de alojamiento, sin que existiera una lesión concreta que justificara suspender la ley. La denuncia también cuestiona que no se hayan considerado integralmente las herramientas previstas por la norma, que incluyen medidas educativas, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación del daño.
La ONG remarcó que la presentación respalda sus objetivos institucionales: defender y promover la participación de las víctimas y sus familiares en los procesos judiciales, y procurar que sean escuchadas cuando se adoptan decisiones que afectan el sistema penal. La asociación fue creada en 2011 por Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo Ezequiel, un estudiante de 26 años.
La defensa de la jueza Pascual
Marta Elba Pascual defendió su decisión de suspender la norma y subrayó que le parece “pésimo” que los menores estén encerrados. No obstante, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años. “Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14”, agregó en declaraciones a radio Now 97.9. También sostuvo que “con esta ley no les vamos a dar seguridad” a los bonaerenses.
Pascual, quien fue ministra de Familia y Desarrollo Humano durante la gobernación de Eduardo Duhalde, dijo que aplica la “justicia restaurativa” para que los jóvenes se responsabilicen por sus actos. Reclamó mecanismos como actividades y terapia, y consideró que si no existen, la ley no es beneficiosa. Además, señaló que la cuestión “no pasa por encerrarlos por el encierro mismo sino por darles los mecanismos para cuando salgan”.
El fallo fue criticado desde el oficialismo. La senadora Patricia Bullrich cuestionó a la “Justicia provincial garantista” y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de ponerse “del lado de los delincuentes” mientras los bonaerenses viven con miedo. La jueza no derogó ni anuló la Ley 27.801, que entró en vigencia esta semana, sino que dispuso temporalmente que no sea aplicada en la provincia.
