Quién denunció y contra quién
La denuncia fue formulada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó ser aceptado como parte querellante. El escrito apunta contra María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI; el abogado Danilo Sergio Montevidoni; Emilio Zicavo; y otras personas a identificar. Los posibles delitos incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación, incumplimiento de deberes, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales.
Las irregularidades denunciadas
El eje de la denuncia se centra en cómo se desvinculó al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. La reglamentación exigía escritura pública ante escribano, pero se habrían realizado homologaciones masivas ante el SECLO, generando honorarios no previstos. Además, se señala que muchos trabajadores fueron representados por el mismo letrado sin elección libre, y se mencionan vínculos societarios entre los imputados. También se critica la falta de respuesta a pedidos de información pública y se alude a una sentencia previa que ordenó entregar documentación.
El posible traslado al PAMI y la respuesta oficial
El denunciante pidió investigar si la migración de exfuncionarios al PAMI replicó ese modelo de gestión. También se requirió analizar inconsistencias patrimoniales y el uso de un vehículo de una firma contratista del Estado. Fuentes libertarias desmienten rotundamente la denuncia y afirmaron que los retiros voluntarios se realizaron sin inconvenientes. La causa requerirá documentación a organismos, testimonios y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
